POLÍTICA
La "prioridad nacional" desata discrepancias entre PP y Vox: ¿Arraigo o españoles primero?
REDACCIÓN | El significado del término «prioridad nacional», incluido en el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, ha desatado discrepancias entre ambos partidos, que lo entienden de manera distinta, mientras que el Gobierno lo ve ilegal y anticonstitucional.
En un momento en el que las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se encuentran negociando para cerrar los gobiernos de Aragón y Castilla y León, en las últimas horas la interpretación de este concepto ha multiplicado los roces entre los dos partidos.
En las 23 páginas del acuerdo con entre PP y Vox el término «prioridad nacional» aparece en dos puntos, uno referente a las ayudas subvenciones y prestaciones públicas y otro al sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social.
En ambos puntos se señala, literalmente, que «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas» o «el acceso a vivienda protegida y alquiler social» se inspirarán en «el principio de prioridad nacional», «adecuado a la legalidad vigente», que «procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».
Después, en ambos casos, se definen los requisitos para acceder a los dos tipos de ayudas. Para las primeras, se incluye, por ejemplo, el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio o la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital.
Para la vivienda social, se exigirá, por ejemplo, un arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Extremadura, con un mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler.
El texto de ambos puntos señala además que se instará la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 (sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) y de «cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior». Leer más