REDACCIÓN | Las indemnizaciones a víctimas de la guerra civil y el franquismo por parte de las administraciones públicas suman más de 22.000 millones de euros a lo largo de la democracia, con más de 610.000 personas beneficiarias, según datos de una comisión sobre memoria democrática impulsada por el Gobierno.
El informe de la comisión, al que ha tenido acceso EFE, recopila cifras facilitadas por los ministerios implicados (Seguridad Social, Hacienda e Igualdad) y las únicas seis comunidades autónomas que aportaron datos (Cataluña, Navarra, Andalucía, Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha).
En total, las indemnizaciones ascienden a 22.160 millones de euros a través de diferentes normativas impulsadas en el ámbito estatal desde la ley de amnistía de 1977 hasta finales del año 2024, con un total de 611.828 personas beneficiarias.
El informe advierte de que además de datos de comunidades autónomas también faltan los de algunos colectivos que no han podido ser recabados por esta comisión sobre reparaciones económicas a víctimas, contemplada en la ley de memoria democrática de 2022.
El grueso de las indemnizaciones corresponde a las pensiones para los militares no profesionales y sus familiares (9.907 millones de euros), seguido de las pensiones para personas mutiladas y allegados (4.078 millones) y las de los familiares de personas fallecidas o desaparecidas (4.059 millones).
A continuación están las pensiones para militares profesionales y sus familias (3.578 millones), las indemnizaciones para expresos (397 millones) y las pensiones para los denominados niños de la guerra (136 millones). La comisión propone impulsar investigaciones específicas sobre otros colectivos de víctimas para determinar posibles subsanaciones.
Y cita ejemplos como las mujeres víctimas de los reformatorios franquistas gestionados por el Patronato de Protección de la Mujer, las víctimas de represión por creencia religiosa, personas represaliadas por su orientación sexual o militares represaliados a finales del franquismo por su cercanía a posiciones democráticas.
La comisión sobre vulneración de derechos humanos entre 1979 y 1983 ha identificado además a 63 víctimas que murieron en ese periodo inmediatamente posterior a la aprobación de la Constitución a manos de la extrema derecha o de fuerzas de seguridad, dos de ellas en el primer año del Ejecutivo socialista de Felipe González.
En su informe tras la finalización de los trabajos, al que ha tenido acceso EFE, la comisión reconoce un total de 63 víctimas siguiendo dos criterios: que los casos acabaran en muerte y que ocurriera en un contexto de violencia por motivaciones políticas.
En concreto, hay 34 víctimas de actuaciones de la extrema derecha y 29 de excesos policiales entre el 29 de diciembre de 1978 (la fecha de entrada en vigor de la Constitución) y el 31 de diciembre de 1983, todas ellas acordadas tras un intenso debate en el seno de la comisión, prevista en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y presidida por el secretario de Estado, Fernando Martínez.
La mayoría de víctimas son de 1980 (28 casos), seguido de 1979 (22 casos), 1981 (9 casos), 1982 (tres casos) y 1983 (un caso). Leer más