La asociación de panaderos de Galicia teme un incremento del precio de los cereales por su uso como combustible

Dice que la subida de precios del grano llega hasta el 66%

La Asociación de Panaderos de Galicia, Fegapan, denunció que la compra masiva de cereales para convertirlos en biodiésel y etanol "está disparando el precio de los mismos hasta en un 66 por ciento", lo que supone una "clara amenaza" para el sector ya que podría "arrastrar un alza importante en los precios de los productos, lo que afectaría al consumidor". A través de una nota de prensa, Fegapan se mostró "muy preocupada" por la situación que atraviesa el sector, que ve cómo se cierne sobre el mismo "una seria amenaza debida al aumento de los costes, no sólo de las materias primas, sino también de embalajes, levaduras, combustibles, electricidad y salarios". De hecho, la Federación de Panaderos de Galicia señala que, según la Asociación de Harinas y Sémolas de España, "el trigo ha incrementado en los últimos meses su coste en un 46 por ciento". Trigo importado de terceros paísesRecuerdan además que España es un país deficitario en trigo por lo que es necesario importarlo de otros países, especialmente de Francia, lo que sitúa el incremento hasta en un 66 por ciento. Los panaderos gallegos recuerdan que los embalajes han subido un 15 por ciento y la levadura un 10 por ciento, lo que, unido al coste de carburantes y electricidad, aboca al sector a una gran crisis que supondría el cierre de establecimientos y el aumento en los precios al consumidor. Pan más caro Fegapan afirma en su comunicado que, hasta el momento, estas subidas no han sido repercutidas en el consumidor, y que son los profesionales de la panadería los que han asumido estos incrementos. No obstante, alertan que si no se encuentra una "rápida solución", en poco tiempo se podría producir "un incremento muy importante en el producto final". Francisco Lorenzo Lemos, presidente de Fegapan, que está integrada por asociaciones panaderas de las cuatro provincias, hizo un llamamiento a las instituciones públicas y a las asociaciones de consumidores, de forma que se puedan "articular medidas consensuadas que eliminen la amenaza que se cierne sobre un sector y un producto de primera necesidad".