La Xunta aprueba el decreto para regular el reconocimiento de la situación de dependencia

Ya se recibieron 23.000 solicitudes y se solicitaron 2.600 evaluaciones

El Gobierno gallego aprobó el decreto por el que se regula el proceso para el reconocimiento de la situación de dependencia, necesario para la aplicación en Galicia de la ley estatal. En él se establece que el plazo del que dispone la Administración para contestar a la solicitud de valoración es de seis meses. Según explicó el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, el objetivo con el que trabaja la Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar es tener evaluadas antes de final de año a todas las personas que tengan un grado de gran dependencia, la meta fijada para todo el Estado por la Ley de Dependencia. Además, informó de que por el momento se han recibido en Galicia un total de 23.000 solicitudes de valoración y se realizaron 2.600 de ellas. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia y a las solicitudes presentadas con anterioridad se les aplicará también el procedimiento previsto en el mismo. En la nueva normativa se establecen los requisitos que deben tener las personas para el reconocimiento de situación de dependencia y del derecho a los servicios y las prestaciones económicas, así como el procedimiento a seguir y los órganos competentes para realizar la valoración. Tras este decreto, se aprobará otro que regule el catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema gallego de atención a la dependencia. Emigrantes retornados Tendrán el derecho al reconocimiento como dependientes las personas que se encuentren en alguno de los grados de dependencia establecidos por la ley, que tengan acreditada la residencia en territorio español durante cinco años, y actualmente vivan en cualquier municipio de Galicia. También podrán acceder a los servicios del sistema los emigrantes retornados, mientras no cumplan el requisito del período de residencia en España. Los dependientes tendrán derecho a prestaciones de servicios o económicas, pero serán prioritarias las primeras y solo en el caso de no ser posible facilitar el servicio se procederá al reconocimiento de las ayudas. El departamento autonómico competente en materia de servicios sociales, en este caso la Vicepresidencia de la Xunta, será el encargado de la tramitación de los procesos, aunque contará con la participación de las entidades locales en la gestión de los servicios en los términos que establece el decreto. Los órganos de valoración del grado de dependencia estarán formados por profesionales del área sanitaria y como mínimo contarán con un médico, un psicólogo y un trabajador social.