El tribunal rechaza imputar a ex altos cargos de la CNMV y del Gobierno en el caso Gescartera

Camacho afirma que la Comisión conocía la operatividad de la empresa

El tribunal del caso Gescartera rechazó la imputación de varios altos cargos de la CNMV y del Gobierno en 2001 por "delitos de estafa o de fraude", tal y como pedían ante la Audiencia Nacional casi la mitad de las acusaciones populares y particulares personadas en el caso Gescartera. En la tercera sesión del juicio oral por este escándalo financiero, que afecta a más de 4.000 inversores con un agujero patrimonial de 50 millones de euros, la juez Carmen González Campos, que preside la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, hizo público el fallo de la Audiencia Nacional sobre las cuestiones previas del juicio oral. Por tanto, la Audiencia Nacional no dio luz verde a las solicitudes de algunas defensas y acusaciones para que se anule la apertura del juicio oral decidida, hace dos años, por la juez de instrucción Teresa Palacios. El tribunal sigue así lo propuesto por el fiscal González Mota, que acusó a 14 personas ligadas con Gescartera con Antonio Camacho a la cabeza, y lo dispuesto por la juez Palacios, quien exculpó ya a otras 39 personas contra las que las acusaciones habían presentado cargos y, entre las que figura la ex presidenta de la CNMV Pilar Valiente y el ex presidente del organismo regulador Luis Ramallo, a quienes no se imputó porque ni siquiera se les tomó declaración. Con este paso, según fuentes jurídicas, se cortan las aspiraciones de buena parte de las acusaciones, que buscan la responsabilidad civil del Estado, y, en concreto, a través de la imputación para el ex secretario de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, así como otras responsabilidades a partir de los representantes de entidades financieras como el HSBC, Bankinter y Deutsche Bank, a pesar de que estuvieron imputados durante la instrucción y están llamados a comparecer como testigos. Pilar Valiente dimitió de su cargo al frente de la CNMV a raíz del caso Gescartera, entidad que precisamente fue intervenida mientras ella era presidenta del organismo supervisor. Enrique Giménez-Reyna, hermano de la presidenta de Gescartera, también tuvo que abandonar su cargo a raíz del escándalo de la agencia de valores, después de que un diario de su hermana dejara entrever que podría haber mediado a favor de la entidad ante la CNMV. Por tanto, el tribunal ha rechazado todas las cuestiones previas propuestas por acusaciones y defensas, excepto la referida a Raimab Services SL, sociedad que se quejó, a través de su representante, de no haber recibido copia de las actuaciones pese a haber sido declarado responsable como partícipe a título lucrativo. Declaración de Camacho El creador, propietario y principal imputado en el caso , Antonio Camacho, recalcó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tuvo conocimiento desde 1994 de la operatividad de Gescartera. En respuesta a las preguntas planteadas por el fiscal, el imputado afirmó que él sabía "perfectamente" donde estaban los ahorros de los clientes y que "nunca" se compensaron los saldos de los clientes con la inversión de otros. Camacho explicó que la CNMV comenzó a tener conocimiento de las operaciones de Gescartera a raíz del peritaje realizado por la Agencia Tributaria, y afirmó que amplió la plantilla de la agencia de valores tras la primera investigación y bajo la recomendación del órganismo regulador, que determinó que Gescartera no tenía capacidad ni medios para gestionar las inversiones. "Nunca he engañado a la CNMV ni he ordenado hacerlo", explicó Camacho al fiscal Vicente González. Sin embargo, el acusado afirmó que no podía acreditar que el apoderado de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, no lo hubiera hecho. Camacho declaró que era Ruiz de la Serna y el entoces director de supervisión de la CNMV, Antonio Botella, quienes le informaban del resultado de las inspecciones que realizaba el organismo sobre Gescartera, y que se reunió en "varias ocasiones" con representantes de la CNMV para estar informado. El acusado calificó a Pilar Giménez-Reyna como una "excelente comercial", y explicó que tenía a su disposición, en todo momento, la documentación sobre Gescartera.