El Supremo de EEUU acepta revisar la constitucionalidad de las ejecuciones mediante inyección letal

El Tribunal Supremo de Estados Unidos llegó a un acuerdo para revisar la constitucionalidad de la aplicación de las inyecciones letales en las ejecuciones de la pena de muerte. El Supremo atenderá así a una demanda presentada por los convictos Ralph Baze y Thomas Clyde Bowling Jr, ambos condenados a muerte en Kentucky y que recurrieron su sentencia en 2004 alegando que la inyección letal supone un castigo "cruel e insólito". La ejecución de Baze estaba prevista para esta misma noche, pero el Tribunal Supremo de Kentucky la había suspendido este mismo mes. "Éste es probablemente uno de los casos más importantes en décadas en lo que se refiere a la pena de muerte", declaró el abogado de oficio de Baze y Bowling, David Barron. Ambos reclusos habían argumentado que la inyección letal causa un daño y un sufrimiento innecesarios al condenado. El Supremo ya había facilitado anteriormente la posibilidad de recurrir las ejecuciones mediante inyección letal, pero hasta hoy la Justicia no había accedido a estudiar si esta forma de ejecución, efectuada mediante una mezcla de productos químicos, viola la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe los castigos "crueles e insólitos". Los dos presos presentaron sus recursos en 2004 y se anunció una vista para analizarlas en 2005. Un juez del Estado decidió pese a ello mantener el uso de la inyección letal y el Supremo de Kentucky confirmó esta decisión, que fue recurrida por ello ante el Supremo de Estados Unidos. La juez de distrito Aleta Trauger estableció la semana pasada que el método de inyección letal utilizado en el Estado de Tennessee es inconstitucional, por lo que ordenó a las autoridades que suspendieran esta práctica. El Estado sigue estudiando si apela la decisión de la juez, pero ha accedido a suspender las ejecuciones pendientes.