La Ley de Memoria obligará a ayuntamientos y particulares a retirar símbolos franquistas

Declara la "ilegitimidad" de los tribunales sin garantías y de sus sentencias

La nueva redacción de la Ley de la Memoria Histórica aprobada por la ponencia del Congreso obligará a ayuntamientos, instituciones y particulares a retirar los símbolos franquistas y de exaltación de la Guerra Civil, y faculta a las Administraciones Públicas para quitarles subvenciones y ayudas si no lo hacen. La ponencia de la Comisión Constitucional encargada de informar sobre este proyecto se reunió en el Congreso y acordó mayoritariamente elevar la próxima semana a la comisión un texto propuesto por el grupo socialista que incorpora algunas novedades surgidas de su negociación con los otros grupos parlamentarios. El documento contó con el visto bueno de todos los ponentes, con excepción de los representantes del PP, que rechazan frontalmente su contenido, y de ERC, formación que considera insuficientes sus medidas y por ello se abstiene, sin oponerse a su tramitación. Las principales modificaciones respecto al texto original del Gobierno que ha asumido el PSOE se refieren a la expresa condena del régimen de Franco, a la declaración de "ilegitimidad" de los tribunales sin garantías y de sus sentencias y al reconocimiento de las creencias religiosas como motivo de la represión. La fórmula consensuada abarca tanto a los tribunales militares de la zona nacional como a los procesos extrajudiciales republicanos, al declarar en su artículo 3 la ilegitimidad de los "tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos" constituidos durante la Guerra Civil para imponer condenas por motivos "políticos, ideológicos o de creencia religiosa". Después, en otro apartado se declara expresamente la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público (TOP) y los tribunales políticos y consejos de guerra. De esta manera se abre la puerta para posible revisión jurídica de estos procesos, ya que ni los tribunales injustos de esa época ni las leyes que aplicaban para la persecución podrán ser invocadas por el Tribunal Supremo para negarse a anular las condenas que impusieron, como ocurría hasta ahora. Además, en el capítulo de símbolos y monumentos públicos, cuya retirada limitaba inicialmente el Ejecutivo a las instituciones estatales, ahora se establece que todas las Administraciones Públicas "tomarán las medidas oportunas" para suprimirlos. Se trata de "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura", según el artículo 15, donde se añade que "entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas". Sólo se salvarán estos elementos simbólicos "cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados" o por razones "artísticas y arquitectónicas". La posibilidad de quitar las ayudas públicas se extiende en otro artículo a los "propietarios privados" que no cumplan esa obligación. La redacción del artículo que regulaba el régimen del Valle de los Caídos ha quedado igual que en el proyecto inicial, para prohibir actos de exaltación de la contienda o el franquismo, pese a que IU-ICV reclamaba una intervención mayor del Estado en el lugar, y la salida de la congregación benedictina de la basílica. También pedía este grupo más implicación pública en las tareas de exhumación e identificación de víctimas, que se ha concretado en una disposición para que el Estado elabore planes de trabajo y conceda subvenciones a quienes se ocupen de estas tareas. En otro apartado se determina que el Gobierno elaborará un protocolo de actuación científica "que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones". Más cambios experimenta la parte de la ley que originalmente reservaba a un "Consejo de sabios" la función de emitir las declaraciones de reparación y reconocimiento a las víctimas, que desaparece del proyecto, de manera que corresponderá al Ministerio de Justicia expedir estos documentos.