El Congreso aprueba el "cheque-bebé" pese a las críticas de "electoralismo" de la oposición

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de Ley por el que se reconoce la nueva prestación por maternidad de 2.500 euros, que recibirán todas aquellas familias que adopten o hayan tenido un niño a partir del 1 de julio de este año. Esta medida salió adelante con el respaldo de todas las formaciones, salvo PP y CiU que se abstuvieron. A pesar del amplio respaldo obtenido por el proyecto del Gobierno, todos los grupos de la oposición coincidieron en criticar el sistema elegido y su carácter "electoralista", teniendo en cuenta la cercanía de los comicios generales. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presenció todo el debate. Las diferentes formaciones exigieron al Gobierno su progresividad en función de la renta y medidas que garanticen el acceso de las familias a una guardería. El Grupo Parlamentario Popular defendió un texto alternativo, que no prosperó, en el que se contemplaban ayudas por nacimiento de 3.000 euros para todos los nacimientos que se hubieran producido a partir del 1 de enero. El portavoz del PP en la materia, Miguel Barrachina, criticó la política de "talones navideños" del Gobierno, "con intención de torcer la voluntad que los españoles mostraron inequívocamente en las pasadas elecciones municipales y autonómicas". Además, los 'populares' creen que el PSOE incumple su compromiso de invertir 1.000 millones para guarderías, dado que el presupuesto del esta prestación se sitúa en 100 millones. "Incumplen el 90 por ciento de su compromiso y ahora pretenden que les hagamos la ola", subrayó. Carme García (IU-ICV) aseguró que su grupo vota a favor de la ley con "un gusto agridulce", sin "ilusión" y sin sentirse implicados en ella. IU-ICV no entiende que un Gobierno, llamado progresista, haya traído esta ley que, a su juicio, será "pan para hoy y hambre para mañana" en el caso de las rentas medias y bajas, mientras que para las de ingresos altos servirá "para hacer un regalito al bebé". Por ello, reclamó limitar la percepción de las parejas que ingresen cada año más de 65.000 euros. Emilio Olabarría, por el PNV, criticó al Gobierno por traer el proyecto "en el último suspiro de la legislatura". Además defendió que los ciudadanos sometidos al IRPF perciban la ayuda de la Seguridad Social, con independencia de que las administraciones tributarias vascas y navarras establecieran medidas análogas en su IRPF. Reparto electoralista Por parte de ERC, Georgina Oliva, aseguró que "el cheque está más cerca del asistencialismo que el desarrollo de un verdadero Estado del Bienestar", al entender que este sistema de deducciones y pensiones no contributivas es "poco universal y poco progresista". Según dijo, se trata de un "reparto electoralista del superávit del Estado" y un "sentido de solidaridad mal entendido". En la misma línea, Carles Campuzano (CiU), denunció el "alto contenido electoral" del Gobierno, con "discursos que se alejan de las políticas sociales innovadoras" que, apuntó, "refuerzan la concepción paternalista". "Nos acercamos más a venezuela que a suecia; a políticas más basadas en el clientelismo que en el Estado del Bienestar", aseveró. José Antonio Labordeta (CHA) reclamó una discriminación positiva de esta norma para el ámbito rural, estableciendo ayudas de hasta 4.500 euros para los nacidos en pueblos de menos de 2.000 euros para rejuvenecer su población. Finalmente, Olaia Fernández (BNG) aseguró no compartir la universalización de esta prestación, teniendo en cuenta que aún no está garantizado el cuidado de menores o las plazas en colegios infantiles, así como otras ayudas para la adquisición de papillas o pañales.