Méndez Romeu defiende que la CRTVG es "ajena al Gobierno" y el PP le recuerda que es la Xunta la que nombra al director xeral
Los populares no ven transparencia y el conselleiro defiende un trabajo correcto
El funcionamiento de la CRTVG y las grabaciones realizadas de una conversación entre el ex secretario xeral de Vicepresidencia, Antón Losada, y un alto cargo de la compañía enfrentaron en el Parlamento al conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, y al diputado popular Diego Calvo, que en los mismos hechos vieron situaciones antónimas. Así, mientras el primero sólo veía transparencia y aseguraba que el Gobierno es "alleo" a todo lo que se introduce en la interpelación presentada por el PPdeG, el segundo detectaba la conculcación de un derecho fundamental como es el derecho a comunicar o recibir información veraz y una intervención por parte de altos cargos del Gobierno para influir en la información. A juicio de Diego Calvo, la TVG intentó ocultar información relativa a los hechos (según los cuales la Vicepresidencia no permitía la entrada de periodistas de este medio), cuando lo que se debiera hacer en estos casos consistiría, a su juicio, en aportar información a los gallegos sobre esto, para "ser transparente e aclarar as dúbidas". Asimismo, reprochó que los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno hubiesen rechazado una propuesta de los populares de solicitar la comparecencia del director xeral de la CRTVG, Benigno Sánchez. Méndez Romeu incidió en todo momento en que "o Goberno é alleo ao funcionamento da RTVG", entre otras cosas porque "así o di a lei", y justificó la falta de apoyo para que comparezca Benigno Sánchez en el hecho de que "compareceu na comisión do Parlamento para ofrecer a información dispoñible e dixo que está aberta unha investigación interna" para determinar el origen de la grabación. Los resultados, añadió, serán puestos en conocimiento del Consello de Administración, donde también los populares tienen representantes, según explicó. En este contexto, en el que Calvo detecta una falta de transparencia por parte del Gobierno, que no ofreció toda la información al respecto y una evidencia de que desde el Gobierno se controla la información; Méndez Romeu percibe un "intento de control dos medios públicos" por parte del Partido Popular, "máis alá do que marca o Estauto". Asimismo, aseguró que ningún profesional del ente recibió "instruccións do Goberno". Calvo sacó a relucir, además, los enfrentamientos entre las formaciones que integran el bipartito en esta cuestión dado que, señaló, el propio coordinador ejecutivo del BNG, Francisco Jorquera, dijo en su momento que "os informativos da TVG tiñan que servir para lago máis que para que a familia do conselleiro saiba se vai comer á casa". El conselleiro incidió en que el Gobierno considera que la CTVG "actúa no marco do seu estatuto" y que el director xeral cumple con las obligaciones que le son inherentes al cargo. Un "watergate" a la gallega Desde las filas del PP se planteó este asunto como un "Watergate", al que el diputado del PSOE, Luis Toxo, le quiso cambiar de título para denominarlo "Falso Culpable". A su juicio, esta interpelación proyecta "sombras e desexos que non acaban de convercer". Además de asegurar que la estética y el comportamiento de las grabaciones "non gustan a ninguén", señaló que cree que el objetivo de esta interpelación es "aproveitarse politicamente do debate". Por su parte, la diputada nacionalista Modesta Riobó incidió en que los hechos son graves, que aspiran a que se esclarezca el asunto y abogó por una regeneración democrática de los medios públicos que el PP, con Pérez Varela, utilizó como "medios de propaganda do rexime". De hecho, añadió, durante 16 añios se practicó "a caza de bruxas máis indiscriminada nos medios", como ocurrió con el "Prestige ou as vacas tolas".