Un máximo del 30% de la puntuación en las adjudicaciones eólicas dependerá de la cesión de participación a la Xunta

El informe del Consello Consultivo cree que es contrario a la legalidad que este mérito sea "determinante"

La Consellería de Innovación adelantó que tendrá en cuenta las recomendaciones efectuadas por el Consello Consultivo referentes al futuro decreto eólico, de tal forma que un máximo del 30 por ciento de la puntuación final en las nuevas adjudicaciones dependerá de la cesión a la Xunta de un participación pública en cada proyecto. De esta forma, el departamento que dirige Fernando Blanco ha decidido especificar las ventajas que tendrán, en la valoración final de los anteproyectos, aquellas empresas que opten por ceder una participación a la Administración autonómica durante el procedimiento de adjudicación. El Consello Consultivo de Galicia cuestiona que la cesión de una participación pública que incluye el decreto sea un "mérito determinante" en la adjudicación de los nuevos parques. El informe advierte de que esta regulación incluye diversas "tachas de legalidade", especialmente en la cesión de participaciones públicas a la Xunta por parte de las empresas. Así, el organismo presidido por Antonio García Caridad insiste en su informe -aprobado por unanimidad- que el ofrecimiento a la Administración autonómica de un beneficio adicional "poderá ser considerado como un mérito determinante e hexemónico" en las adjudicaciones, lo que se convierte en un hecho "claramente contrario á legalidade". En este sentido, el Consello Consultivo mantiene que este sistema "pode provocar situacións de discriminación positiva non permitidas legalmente", en favor de las empresas que opten por ceder una participación accionarial a la Xunta. Éste es, precisamente, uno de los puntos a los que más se opuso la Asociación Eólica de Galicia (EGA), patronal que agrupa a las principales compañías que operan en la comunidad. A juicio del Consello Consultivo, este criterio "sobrepasa as marxes da discrecionalidade técnica" que se le reconocen a cualquier administración, al tiempo que el informe subraya la ausencia de "criterios obxectivos e concretos previos de valoración ou ponderación", que sirvan para determinar el peso que tendrá la cesión de una participación pública en cada concurso de adjudicación. Sobre esto, el organismo no se opone directamente a que la Xunta pueda participar en la explotación de los parques eólicos. La inclusión de "externalidades" como fórmula de promover una compensación social por el impacto de los parques eólicos "non implica de seu unha manifestación de ilegalidade", reconoce el informe. Sin embargo, el organismo consultivo gallego sí le reclama a la Xunta "a máxima obxectividade" en los procesos de selección de proyectos, ya que en el texto elaborado por la Consellería de Innovación "non se delimita o marco da necesaria ponderación" ni tampoco un baremo, en los que se fije la puntuación que recibirán las empresas por ceder parte de sus participaciones. Innovación, por su parte, destaca que el Consello Consultivo "non se opón á participación pública como fórmula de compensación social" en su informe. "En ningún caso rexeita a participación pública", insiste la consellería, sino que este organismo considera "que esta prescrición non contén unha regulación nin un desenvolvemento suficiente". Por esta razón, el decreto eólico "continuará a súa normal tramitación" una vez se incorporen los consejos realizados en su informe por el máximo organismo consultivo de Galicia, señala el departamento que dirige Blanco. Así, el decreto que regulará la actividad eólica será remitido próximamente al Consello de la Xunta, donde será aprobado definitivamente. Aunque el Ejecutivo autonómico no descarta que se pueda prolongar su periodo de tramitación, la previsión inicial de la Consellería de Innovación pasa por su aprobación antes de que concluya el presente año. Asimismo, el departamento que dirige Fernando Blanco también incluirá en el decreto otras recomendaciones del Consello Consultivo, como la publicación de una declaración anticipada de compromisos de política energética para el periodo siguiente, o la eliminación de que las empresas estén al corriente en las obligas tributarias.