La CE vuelve a cerrar las puertas a la construcción de buques civiles en Navantia-Fene antes de 2015

Daniel Varela pidió una revisión del acuerdo del 2005

La Comisaria Europea de Competencia, Neelie Kroes, ha vuelto a dejar claro que la reanudación de la actividad civil en los astilleros que Navantia tiene en Fene no podría disociarse de la recuperación, por parte del Gobierno español, de las ayudas públicas concedidas a la antigua Izar y que Bruselas consideró ilegales. Kroes respondió así a una pregunta parlamentaria del eurodiputado ?popular? gallego Daniel Varela, que había interpelado a la Comisión sobre la ?coyuntura favorable? que vive la construcción naval en Europa y la posibilidad de que pudiese revisarse el acuerdo alcanzado en 2005 entre el Ejecutivo comunitario y España para permitir que Galicia se aproveche de su larga tradición en el sector. En este sentido, Kroes afirma que es consciente de esa situación favorable que presenta la construcción naval, pero dice que ?no ve margen alguno? de maniobra para una revisión de los acuerdos a los que se llegó con España, con quién se comprometió a que en un período de 10 años (hasta mayo de 2015) no se construirían buques civiles en Navantia-Fene. La Comisaria reitera que ?los intentos de cambiar los términos del acuerdo no pueden disociarse de la recuperación de las cantidades en cuestión reclamadas a Fene y Navantia?. El caso se remota a octubre del año 2004. En esa fecha la Comisión Europea concluyó que una subvención estatal de 864 millones de euros concedida a la antigua Izar no se ajustaba a las normas de la Unión Europea en materia de ayudas públicas, por lo que tenía que ser recuperada por las autoridades españolas. En una decisión anterior, de 1999, la Comisión ya había solicitado la recuperación de 111 millones, procedentes de otra ayuda que también consideró ilegal. Neelie Kroes recuerda que España invocó el artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, referido a ?garantizar los intereses esenciales de su seguridad?, con el objetivo de rescatar las actividades de construcción naval militar de una quiebra previsible de Izar, como consecuencia de esa orden de recuperación de ayudas. Con este fin, se creó una nueva empresa pública (Navantia), a la que se transfirieron los astilleros militares de Izar en Ferrol y Cartagena. Al mismo tiempo, también se incorporaron a Navantia los astilleros civiles de Fene, Puerto Real y Cádiz. La Comisaria afirma que tras mantener conversaciones con la Comisión, España estuvo de acuerdo en una gama de medidas y compromisos de conformidad con las normas comunitarias. Uno de esos compromisos, en concreto, consistía en la obligación de que Navantia ?limite sus ventas civiles a un máximo del 20 por ciento de las ventas totales?. La Comisión aceptó la explicación presentada por España de que Navantia necesitaba seguir manteniendo una actividad civil de menor importancia para garantizar la viabilidad de la nueva empresa, teniendo en cuenta las sinergias que existen entre la construcción civil y la militar.