La Fiscalía pide que se archive la causa contra los militares implicados en la muerte de Couso

El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso rechazó por segunda vez ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal la decisión del juez Santiago Pedraz de procesar a tres militares estadounidenses, presuntamente implicados en la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Bagdad (Irak) el 8 de abril de 2003. Durante la vista de apelación el abogado de la familia, Enrique Santiago, alegó que "hay motivos sufiencientes para llevar a cabo la investigación" y acusó al Ministerio Público de "ignorar la jurisdicción del Tribunal Supremo", que ordenó la reapertura de la causa en diciembre de 2006. La celebración de esta vista tuvo lugar a puerta cerrada y comenzó minutos antes de las 10 horas extendiéndose aproximadamente una hora. En ella se discutió el recurso presentado por la propia Fiscalía contra el auto de procesamiento del juez de Instrucción, Santiago Pedraz. En sus alegaciones el representante del Ministerio Público insistió en que "no hubo intencionalidad por parte de los militares para acabar con la vida de Couso", informaron fuentes fiscales. Además, aunque admitió que la Audiencia Nacional "es competente para investigar los crímenes de guerra, en este caso, los hechos carecen del dolo necesario que recoge el convenio de Ginebra como requisito para llevar a cabo la investigación". "No es un crimen de guerra ni un asesinato", insitió el fiscal, por lo que solicitó el archivo definitivo de la causa. En contra se mostraron los abogados que ejercen la acusación. En primer lugar habló el representante de los hermanos del cámara fallecido, Enrique Santiago, quien explicó que "los argumentos del fiscal carecen de ningún fundamento ya que ha quedado acreditado", que el proyectil que impactó en el hotel en el que se hospedaba el cámara y que acabó con su vida respondió "a un ataque indiscriminado con absoluto conocimiento de que se trataba de una hotel de periodistas protegido internacionalmente". En ese sentido, acusó a la Fiscalía de "rehuir" la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó por unanimidad en diciembre de 2006 la reapertura de la investigación para esclarecer el asesinato del cámara. "Ha intentado anticiparse a la celebración del juicio oral y ha demostrado una ignorancia con respecto a la sentencia del alto tribunal", añadió Santiago. En la misma línea se manifestaron el resto de letrados que se limitaron a adherirse a los argumentos del primero. El resto de la acusación está representada por el abogado de la viuda de Couso, Leopoldo Torres, la Asociación Libre de Abogados (ALA), la Asociación de Cámaras de Televisión (ACTV) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Esta última hoy no se presentó a la vista.