Iglesias apoya el trasvase porque "no se puede vivir sin beber" pero "sí sin regar o fomentar el turismo"

El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, apoyó el trasvase del Ebro a Barcelona porque "no se puede vivir sin beber agua, lógicamente, pero sí sin regar o fomentar el turismo", lo que le llevó a rechazar el antiguo trasvase del Ebro a Valencia, Murcia y Almería. Los partidos políticos representados en las Cortes de Aragón están tomando posiciones ante el próximo trasvase del Ebro a la ciudad de Barcelona y su entorno, que pone a prueba el consenso hidráulico hilvanado durante los últimos años y plasmado en el Estatuto de Autonomía de Aragón cuya reforma entró en vigor hace justo un año. Iglesias, y el vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, presidirán el acto oficial de celebración del Día de Aragón, San Jorge, fecha festiva y lúdica para la mayoría de los aragoneses y en la que en varias ocasiones se han puesto de relieve las diferencias entre Gobierno y partidos. Este será el primer año del siglo XXI en el que Iglesias, también secretario general del PSOE aragonés, comparecerá públicamente ante los aragoneses defendiendo una detracción de aguas del Ebro, captación, conducción o, simplemente, trasvase a Barcelona. El jefe del Ejecutivo autónomo se apoya, para defender este trasvase, en el hecho de que el agua que reclaman los otrora antitrasvasistas de la Generalitat de Cataluña es para abastecer a los casi cinco millones de residentes en la ciudad condal y su área metropolitana. También tiene a favor que son 40 ó 50 hectómetros de agua ya contabilizada, pues forma parte del trasvase del Ebro a Tarragona que aprobó el último Gobierno central de UCD, en 1981, y que gestionan agricultores de la provincia tarraconense. En contra tiene el hecho ineluctable de que el agua proviene del Ebro y es agua que no se puede aprovechar en Aragón, aunque la toma se realice en tierras catalanas. Iglesias se sujetará al Estatuto, que rechaza los trasvases que se consideren insostenibles ambientalmente, y que obliga a los poderes públicos de Aragón a realizar un informe preceptivo, pero no vinculante, en estos casos.