La juez envía a prisión a once de los detenidos en Coslada

La juez de instrucción número 1 de la localidad madrileña de Coslada decretó el lunes por la noche el ingreso en prisión incondicional de once de los detenidos en la "operación Bloque" contra la corrupción policial en Coslada, mientras que para dos agentes decretó prisión eludible bajo fianza. Para el supuesto cabecilla de la trama de extorsión a comerciantes y prostitutas de Coslada, Ginés Jiménez, la juez pide prisión incondicional imputándole delitos de extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho y tenencia y depósito de armas. Al supuesto número dos de la banda se l eacusa de asociación ilícita, incitación a la prostitución, abusos sexuales, contra la integridad moral, lesiones, sustracción y apropiación indebida de droga y dinero, además de prevaricación, estafa y contra la Administración de Justicia por manipulación de pruebas. A los demás acusados, en general, se les acusa de asociación ilícita, extorsión, apropiación indebida y delitos contra la libertad sexual. Los imputados, que se declararon todos inocentes, fueron llevados a Alcalá Meco el lunes por la noche desde los juzgados de Coslada, ante los cuales se volvieron a concentrar más de 200 vecinos, igual que en días anteriores. La juez ordenó el ingreso en prisión de once de los agentes por alarma social, posible alteración de pruebas y riesgo de fuga, mientras que para dos agentes decretó ingreso en prisión bajo fianza de 6.000 y 12.000 euros. El pasado jueves fueron detenidos 24 policías por los presuntos delitos de extorsión (a propietarios de discotecas, comerciantes y prostitutas) y de tráfico de drogas, informaron fuentes de la Policía Nacional la semana pasada. Según éstas, los arrestados operaban "como una banda criminal" a cuyo mando estaba Ginés Jiménez, oficial jefe de la policía de esa localidad de 90.000 habitantes limítrofe con Madrid capital. El alcalde, Ángel Viveros, y el concejal de Seguridad, Antonio Murillo, admitieron que conocían la existencia de rumores sobre los policías y que se habían recibido quejas verbales por parte de algunos vecinos. Viveros y Murillo dijeron, sin embargo, que el Ayuntamiento no actuó de oficio porque ninguno de ellos presentó una denuncia.