La Xunta estudia exigir a los futuros funcionarios una certificación de conocimientos informáticos

La Xunta estudia implantar para el acceso al empleo público un sistema de certificaciones académicas para determinadas habilidades o conocimientos, como las informáticas. Así, según lo ha explicado el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, se exigiría "igual que os cursos de galegos" una acreditación previa al examen de un "determinado grado de coñecemento informático". Méndez Romeu dijo que no se puede seguir determinando esta habilidad mediante "unha proba que as veces se realiza en situación complicada" y "non permite discenir" las distintos grados del usuario. Por eso, la Administración gallega apuesta por implantar las procedimientos que ya están funcionando en la UE. De esta manera, se transformaría una prueba de examen en un "requisito de homologación previo" que además se ampliaría a todas las escalas del empleo público, incluso a las de carácter técnico. Méndez Romeu ha comparecido a petición propia en el pleno del Parlamento para informar sobre la política de formación de recursos humanos de su departamento. Durante su intervención, destacó la importancia de superar "o vello paradigma funcionarial suxeito a normas" para convertir esta labor en un "servizo público moderno". Además, informó de que la Xunta destinará este año 60 euros por persona para la formación de los 16.000 funcionarios que trabajan para la organización pública. En total, son 950.000 euros, según contempla el Plan de Formación Continua para 2008 de los empleados públicos, entre los que se incluyen a los de la Administración local y judicial y de cuerpos de seguridad, quedando excluidos los docentes y los sanitarios. El conselleiro realizó un repaso por las iniciativas puestas en marcha por su departamento, que este año oferta 388 acciones formativas, un 19 por ciento más que en 2007, para un total de 11.000 trabajadores, lo que supone que llegar a un 27 por ciento más de funcionarios que el año pasado. También apuntó que se fomentará la asistencia a programas formativos en organizaciones de la UE tanto de los funcionarios autonómicos como de los locales, y descartó incluir en la Academia Galega de Seguridade Pública la formación de jueces y magistrados, tal y como planteó hoy el diputado del PPdeG Antonio Rodríguez Miranda.