Bruselas ratifica su intención de incrementar las cuotas lácteas hasta su desaparición en 2015

Recortará las ayudas directas a los agricultores

La comisaria Europea de Agricultura, Marianne Fischer Boel, presentó en Estrasburgo (Francia) su propuesta legislativa sobre el ?chequeo médico? de la Política Agraria Común (PAC), en la que ratificó su intención de eliminar el sistema de cuotas lácteas en abril de 2015 y de reducir hasta un 13 por ciento las ayudas directas a los agricultores. Con respecto a las cuotas lácteas, el Ejecutivo comunitario no ha variado su propuesta del mes de noviembre, aunque como medida para ?garantizar un aterrizaje suave?, propone aumentos anuales del 1 por ciento en los cupos de producción desde la campaña 2009/10 hasta la 2013/14, como previo paso a la liberalización. Considera, además, que ese aumento de producción también ayudaría a paliar la escasez de alimentos y la subida del precio de los mismos. Junto con esa medida y buscando el mismo fin de abaratamiento de las materias primas, propone suprimir definitivamente el barbecho obligatorio, que impedía al agricultor sembrar el 10 por ciento de su superficie de cultivo. Asimismo, apuesta por suprimir las ayudas que se conceden en la actualidad a la siembra de cultivos destinados a obtener materia prima para fabricar biocombustibles. Reducción de ayudas Por otra parte, el Ejecutivo comunitario propone reducir las ayudas directas y que se destine el dinero ahorrado a otras políticas, las de Desarrollo Rural, un asunto que genera muchas críticas entre los Estados miembros. El recorte de ayudas directas, conocido también como ?modulación?, sería del 2 por ciento desde el año 2010, de manera que en 2013 llegase hasta el 13 por ciento (actualmente ya está en el 5 por ciento). Las grandes explotaciones estarían sujetas a reducciones suplementarias, que serían del 3 por ciento para las que perciben más de 100.000 euros (hasta el 16 por ciento), del 6 por ciento para las que se benefician de más de 200.000 euros (hasta el 19 por ciento) y del 9 por ciento para las que obtienen más de 300.000 euros (hasta el 22). En España, tan sólo 2.690 del total de 897.170 agricultores reciben ayudas superiores a los 100.000 euros, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Los fondos obtenidos podrían ser utilizados por los Estados miembros para reforzar los programas en materia de cambio climático, energías renovables, lucha contra la sequía y biodiversidad. Pago único Asimismo, la Comisión Europea pretende convertir las subvenciones en un pago fijo por hectárea o explotación, independientemente de la cantidad que se produzca. Con esa ?disociación? los pagos dejarían de estar vinculados a un producto concreto. La Comisión hace una excepción en el caso de las ?vacas nodrizas? y el ganado ovino y caprino, sectores en los que los Estados miembros podrán mantener los niveles actuales de ayudas asociadas. Por otra parte, el Ejecutivo comunitario pretende un abandono progresivo de los pagos ?históricos?. En algunos Estados miembros, los agricultores reciben ayudas cuyo importe se calcula sobre la base de la ayuda de la que se beneficiaron durante un período de referencia. En otros, estos pagos se calculan sobre una base regional, por hectáreas. La Comisión afirma que, con el tiempo, ?el modelo histórico es cada vez más difícil de justificar? por lo que pide un sistema de pagos más uniforme. Otro de los aspectos importantes en su propuesta legislativa es el de la ?condicionalidad?. La ayuda a los agricultores está supeditada al cumplimiento de normas en los ámbitos del medio ambiente, el bienestar animal y la calidad de los alimentos. Los agricultores que no se atienen a las normas se exponen a una reducción de las ayudas. La Comisión quiere que se simplifique este sistema, mediante la supresión de normas consideradas ?no pertinentes ni vinculadas a la responsabilidad de los agricultores?. Se añadirían nuevas exigencias para preservar los beneficios medioambientales de la retirada de tierras de la producción y mejorar la gestión del agua. Esta propuesta legislativa será la base para que los Estados miembros de la Unión Europea negocien durante el segundo semestre del año cuál será el futuro de la PAC. Su intención es llegar a un acuerdo antes de diciembre.