PSOE y BNG rechazan una propuesta para cambiar la Lei de Costas impulsada por el PP

PSdeG y BNG han rechazado una proposición de ley registrada por el PPdeG en el Parlamento gallego para modificar la Lei de Costas de 1988, por considerar que "lle da a razón" al Estado y contradice la iniciativa introducida por la Consellería de Política Territorial en el proyecto de Lei de Vivenda, en la que se defiende la competencia exclusiva de la Xunta para determinar las características urbanísticas de los suelos objeto de deslinde antes de la aprobación de la normativa estatal. El diputado popular Enrique López Veiga, encargado de defender la propuesta, se opuso al argumento de los grupos que apoyan al Ejecutivo autonómico y aunque reconoció que apoyará la enmienda de Política Territorial, reiteró que la única "vía segura" para solucionar un problema que afecta a varios núcleos rurales tradicionales de la comunidad es la modificación de la Lei de Costas. "É ímola defender nos soíños no Congreso", advirtió para anunciar, al tiempo, que el PP pretende "instigar" una iniciativa legislativa popular para frenar las "inxustizas" que se están registrando en la costa gallega. En concreto, la proposición de ley del PPdeG defendía que cuando el Estado se incaute de cualquier propiedad situada en la costa en el marco de los expedientes de deslinde de dominio público, asumiese automáticamente las hipotecas y demás cargas financieras sobre estos inmuebles en el caso de que sus propietarios decidiesen hacer uso de la concesión de treinta años que prevé la normativa. Paralelamente, pretendía que, en el caso de que los titulares de las viviendas incautadas renunciasen a este derecho de ocupación, recibiesen del Estado un bien de características similares en un radio de dos kilómetros o una indemnización equivalente al precio de mercado. "Conflito maior" Socialistas y nacionalistas se opusieron rotundamente a esta iniciativa que, según denunció la portavoz del BNG en materia de Urbanismo, Carme da Silva, podría acarrear "consecuencias" y generar "un conflito maior", tras la "solución" que la Xunta ha ideado al problema de los núcleos rurales, al introducir una enmienda en el proyecto de Lei de Vivenda. "Na enmenda da Xunta decímoslle ao Estado que a competencia para determinar a realidade urbanística preexistente é da Xunta", recordó la nacionalista y se preguntó que supondría, en este contexto, autorizar una iniciativa "na que se di todo o contrario". "É unha forma de dicirlle a Costas que ten razón; e non a ten", sentenció la nacionalista y le pidió a López Veiga que "se estea quieto" si desea "ter algún mérito" en la resolución de este problema. "Xa fixo bastante", ironizó y acusó al portavoz popular de haber sido, en su momento, el responsable "directo e último" de los expedientes sancionadores. En la línea se posicionó el diputado socialista Pablo López Vidal, quien pidió a los populares que "deixen de remexer" con una iniciativa que, a su entender, defiende "enclaves privados" en el dominio público terrestre. "Queren lexitimar a promoción de novas construccións", proclamó el socialista y censuró la "grave" actitud de un partido cuyo modelo urbanístico es "a barra libre, entrar a saco na costa". "Buscaban unha Marbella á galega, ata que chegou Touriño e mandou parar", apostilló y concluyó que el actual Ejecutivo ha ideado "unha solución" para un problema que ha pervivido en tierras gallegas "durante máis de 20 anos". Enmienda de la Xunta La enmienda promovida por Política Territorial ratifica la competencia exclusiva de la Xunta en materia de ordenación del territorio, que hace explícito lo que "de facto" está legalmente recogido. Para eso, se introduce un artículo en la futura Lei de Vivenda que modifica la disposición adicional tercera de la Lei de Ordenación Urbanística. Dicha modificación fija que los deslindes del dominio público marítimo-terrestre que establece la Dirección General de Costas del Estado tienen que ajustarse a la realidad urbanística reconocida por la Xunta. Será pues la Xunta quien certifique qué características poseían los terrenos objeto de deslinde antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas del año 88, cuya reforma está generando una amplia polémica en toda la geografía costera española. En su aplicación práctica, el texto ratifica las competencias de la comunidad autónoma sobre la ordenación del territorio y del litoral, de forma que la Administración del Estado actúe de acuerdo con la realidad urbanística reconocida por la Xunta a la hora de aplicar los deslindes previstos.