El Parlamento aprueba el canon hidroeléctrico con el rechazo del PPdeG

Este impuesto permitirá a las arcas autonómicas ingresar unos 12 millones al año

El canon hidroeléctrico superó este martes su último trámite parlamentario, al ser aprobada la normativa con los votos a favor de PSdeG y BNG, y con el rechazo del PP. Mediante este tributo, que grava el agua embalsada en las grandes centrales hidroeléctricas, las arcas autonómicas prevén ingresar unos 12 millones de euros. El conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, manifestó su agradecimiento a la Cámara por el trabajo realizado -el canon fue tramitado por vía de urgencia-, que permitirá la entrada en vigor del impuesto desde enero de 2009.

En el debate previo a la aprobación, en el que socialistas y nacionalistas rechazaron las enmiendas formuladas por el PPdeG, se reprodujeron las versiones mantenidas hasta ahora por cada uno de los grupos, y también la del propio conselleiro.

Fernández Antonio defendió en todo momento que el impuesto es "medioambiental", que se basa en el criterio de "quen contamina paga" y que los ingresos obtenidos mediante éste irán dirigidos a la recuperación medioambiental de Galicia, especialmente a los cauces fluviales y su entorno.

La tesis fue defendida por socialista y nacionalistas, si bien los segundos ven en este decreto un punto de partida, y una experiencia, para ampliar en el futuro tal gravamen, pues interpretan que también debe ser aplicaba al as minicentrales. En todo caso, desde las filas populares, se interpreta que existe una contradicción entre el conselleiro y grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno.

El PPdeG, al mismo tiempo, defendió una serie de enmiendas, de las cuales ninguna fue aprobada. Entre éstas, se contempla una que planteaba derogar el impuesto hidroeléctrico si las empresas trasladan este coste al recibo de la luz de los consumidores. No fue aceptada por los grupos que sustentan el Gobierno gallego, pues interpretan que eso sería "privatizar a potestade lexislativa".

De este modo, salía a colación una vez la posible repercusión de este impuesto en las tarifas eléctricas. El diputado del PP, Ángel Bernardo Tahoces, advirtió del riesgo de que ésto sea así, cuando se prevé la liberalizacion de las tarifas en 2009 en el ámbito estatal. El socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, descartó que el impuesto tenga "ningún efecto sobre a tarifa eléctrica" y reprochó al PP que en los Gobierno de Aznar, y Piqué como ministro del ramo, se dejó un "déficit tarifario", pues "non se actualizaron", lo que traduce como un "engano aos cidadáns".

Por su parte, el nacionalista, Carlos Aymerich, advirtió que si eso ocurre, "chegado ese suposto" habría que advertir al Gobierno central, "espero que o PP colabore co BNG", que durante años, la comunidad pagó la misma tarifa "sen recibir ningún tipo de compensación". "O PP calou" no sólo 16 años, sino "creo que hai que pórlle a conta do PP tamén os 40 anos anteriores", reprochó Aymerich, quien aportó algún dato, como que transportar a Canarias y Baleares la electricidad cuesta 1.200 millones. Ahora, "queremos recadar 12 millóns de euros e o PP abre a caixa dos tronos", reprochó el nacionalista, que concluyó su intervención aseverando que "nós estamos na balanza da parte do pobo galego", mientras el PP, a su juicio, se sitúa "ao lado das eléctricas".

Otras enmiendas

El PPdeG planteaba también modificar la base imponible del impuesto para que se grave el agua turbinada y no la capacidad máxima de los embalses, otra enmienda pretendía que la ley recoja expresamente para que el tributo se destine a políticas ambientales en materia de agua, infraestructuras de bombeo o depuración, entre toras.

Finalmente, el grupo popular defiende una territorialización del impuesto de producción hidroeléctrica a través de los Presupuestos de la Xunta, que permita transferir a los concellos la totalidad de lo recaudado.

Estas cuestiones no fueron apoyadas y suscitaron críticas de socialistas y nacionalistas, que reprocharon al PPdeG que mediante este tipo de enmiendas pretendan despistar, pues opinan que el objetivo es que no se apruebe esta normativa.

Recursos

Tahoces advirtió además que esta regulación podrá originar una cascada de recursos por parte de las empresas eléctricas, que podrán argumentar que el desarrollo de su actividad no provocan alteraciones o modificaciones sustanciales en los valores naturales de los ríos, en el caudal y la velocidad del agua. PSdeG y BNG detectan en esta advertencia un intento de "incitar ás empresas a recurrir".