LUGO
Solicitan ocho años de prisión para un matrimonio de Lugo que regentaba una residencia ilegal de ancianos
El Ministerio Fiscal solicita en sus conclusiones provisionales ocho años de prisión, así como una multa de 32.400 euros, por un delito de “estafa o, alternativamente, de apropiación indebida” para un matrimonio de Lugo que regentaba una residencia de ancianos en el inmueble número 62 de la calle Castelao, supuestamente “sin contar con autorización administrativa de ningún tipo y sin las adecuadas condiciones de limpieza, salubridad y bienestar para las personas que allí se encontraban”.
La pareja también está acusada de haberse apropiado de 21.079 euros de varias cuentas bancarias de los residentes de mayor edad, aprovechando su situación “de desamparo”.
Según el escrito de acusación, la citada residencia carecía de ascensor, lo que imposibilitaba que algunos residentes bajasen a la calle.
De hecho, uno de ellos aseguró en su declaración a la Guardia Civil que llevaba más de dos años sin pisar la vía pública, porque le habían amputado una pierna y no podía valerse por si mismo.
Además, el centro regentado por los acusados tampoco tenía teléfono en todos los pisos y como empleadas únicamente había contratado a dos limpiadoras, “sin titulación médica o asistencial”.
Supuestamente, la residencia que regentaba el matrimonio tenía capacidad para 22 usuarios, dado que contaba con doce habitaciones individuales y cinco dobles, distribuidas entre los pisos primero, segundo y cuarto del inmueble, además de en la buhardilla, mientras que en el tercero residía el propio matrimonio.
El 8 de enero de 2004, cuando las instalaciones fueron inspeccionadas, estaban alojadas en el centro 15 personas, la mayoría de avanzada edad y algunas en situación de dependencia.
El fiscal sostiene que, a partir del 25 de febrero del 2000, los acusados consiguieron, “ocultando su ilícito ánimo de lucro, figurar como autorizados en las cuentas bancarias” de algunos de los usuarios de mayor edad, además de mantener en su poder las cartillas y los carnés de los mismos, “actuando de común acuerdo, siendo conocedores de la situación de dependencia y deterioro de alguno de los residentes y aprovechando la situación de desamparo en la que se encontraban y la confianza depositada en ellos”.
Desde esa fecha, ambos retiraron varias cantidades de las cuentas de dos usuarios del centro hasta sumar en uno de los casos 14.219 euros y en otro 6.860 euros, en total 21.079 euros.
Posteriormente, ambos fallecerían, una vez clausuradas estas instalaciones, en la residencia de Matogrande (Coruña) y en el Hospital Xeral de Lugo.
Declaración de la acusada
Durante su declaración en la vista oral, María Dina Cabanas afirmó que el centro que regentaba “nunca fue una residencia, porque era una pensión”. De hecho, aseguró que muchos de los ancianos que tenía alojados ya habían sido clientes de “una fonda” de la que ella misma se ocupó durante “12 o 13 años”.
Con respecto a las cantidades que cobraba por la estancia en ese centro, aseguró que “no llevaba ninguna contabilidad”, porque no les proporcionaba “muchos ingresos” y sólo “iban sacando para pagar los créditos” de los propios pisos.
Además, precisó que muchos de los usuarios percibían pensiones no contributivas “y ninguna residencia los quería, porque cobraban poco”, y de algunos “sus familiares no querían saber nada”.
En relación con las cantidades sustraídas de las cuentas de dos residentes, la acusada aseguró que ese dinero se lo debían ambos usuarios, porque había meses que no podían pagarle los gastos y ella les “fiaba”.
De hecho, afirmó que la tarifa por los servicios era diferente en función de lo que cada uno podía aportar, de acuerdo con la pensión que percibía.
Cuando fue interrogada por las condiciones en las que se encontraba la supuesta residencia ilegal, afirmó que “la inspección actuó con mala leche, exagerando las cosas”.
Por ello, recordó que ella misma trabajaba en esos momentos en el hospital Xeral y “las paredes estaban bastante más desconchadas y los sofás en peor estado que en mi casa”.
Negó, asimismo, que hubiese usuarios del centro que llevasen más de dos años sin pisar la calle, porque “todos los años organizábamos una comida a orillas del río Rato y los llevábamos a todos”.
Aparte de la pena de cárcel y la multa, el fiscal también solicita que los acusados indemnicen a la familia de uno de los residentes con la cantidad de 18.835 euros, por el dinero que retiraron de su cuenta.