La portavoz en materia de urbanismo del grupo parlamentario popular, Pilar Rojo, denunció el "furor inmobiliario" del bipartito y anunció la presentación de una batería de iniciativas en la Cámara gallega para conocer el coste real de las diferentes adquisiciones inmobiliarias realizadas por la Xunta de Galicia en Santiago de Compostela durante la actual legislatura.
Entre ellas, destacó como último caso la nueva sede de Sogama, comprada por alrededor de 600.000 euros, a los que, según indicó, habrá que sumar otros 531.000 euros para su acondicionamiento.
Pilar Rojo resaltó que, en un momento de crisis económica como el actual, los contribuyentes gallegos "non entenden" que la Xunta pueda "derrochar" los impuestos en despachos y nuevas sedes administrativas. Así, reclaman explicaciones y una relación en la que se especifiquen la ubicación, características, precio de adquisición, coste del equipamiento y justificación real de las diferentes operaciones inmobiliarias.
Además del caso de Sogama, el PP cita también la compra de un edificio en la calle Pastoriza, junto a San Caetano; la nueva sede de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, en Salgueiriños; o las oficinas previstas para la subdirección xeral de Menores y el Observatorio galego da Infancia.
"Por que a Xunta prefire mercar directamente, a través de operacións opacas, en lugar de construír, nunha parcela da súa propiedade, un edificio máis barato e deseñado expresamente a atender as novas necesidades da Administración? Polo de agora, a pregunta segue sen resposta e tememos que teña que ver coa opacidade na que o bipartito se sinte cómodo”, acusó Rojo.
La diputada popular arremetió especialmente contra el BNG, con ejemplos como la "sospeitosa" decisión de trasladar a unas nuevas dependencias en San Lázaro la sede del Instituto Enerxético de Galicia (Inega). "Se a opacidade rodea o concurso eólico que o bipartito se dispón a fallar nos próximos días, a escuridade rodea tamén a operación de adquisición da nova sede do Inega", censuró.
Críticas al Plan Sectorial
Por otro lado, Rojo no descartó que aparezcan más casos de municipios que expresen su rechazo al Plan Sectorial de Vivenda, como sucedió con el de Arteixo. Así, indicó que "non se poden facer as cousas impoñendo", y recordó que su formación ya había advertido que el plan estaba realizado "sen consenso" y que no atendía a las previsiones de crecimiento de los municipios.