El plan de retorno voluntario de extranjeros puesto en marcha hace un mes por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no causa furor en Galicia.
En sus primeros treinta días de vigencia solo catorce inmigrantes asentados en la comunidad han presentado una solicitud para volver a su país y cobrar la prestación del paro de forma anticipada: reciben un 40% antes de abandonar España y el resto un mes después de llegar a su lugar de origen.
A cambio, no podrán pedir autorización para residir o trabajar aquí en un periodo de tres años, aunque tendrán preferencia para incorporarse al contingente anual de extranjeros no comunitarios.
Para el Foro da Inmigración la razón de esta baja aceptación por parte de los extranjeros que viven en la comunidad es que el fenómeno inmigratorio es "moito máis estable" que en otras zonas, ya que suelen llegar a Galicia con "un proxecto vital" que buscan mantener a pesar de los vaivenes de la economía.
Para Miguel Fernández, presidente de este colectivo que agrupa a 40 asociaciones de la comunidad, se trata de una medida «ineficaz», porque los extranjeros "queren vivir aquí" aunque las cosas "vaian a peor".
Los sindicatos tampoco lo ven claro. Fuentes de Comisiones Obraras aseguraron ayer que el plan de retorno voluntario "non é a solución" para el aumento del paro entre la comunidad inmigrante y lo consideran "un parche" que trae aparejados unos resultados "muy pequeños".
En el conjunto estatal la respuesta tampoco ha sido abrumadora. Según los datos que maneja el Ministerio de Trabajo, un total de 767 extranjeros desempleados han solicitado hasta el momento regresar a sus países, una cifra que queda muy lejos de las cerca de 100.000 personas que podrían acogerse a este plan pensado especialmente para tiempos de crisis. Del total, ya hay 300 peticiones reconocidas, de las que 210 han sido abonadas con una cuantía media de 9.670 euros.
Los inmigrantes procedentes de Ecuador son los que más solicitudes han presentado, 318, casi la mitad del total; seguidos de los procedentes de Colombia, con 129 peticiones, y de Argentina, con 105 solicitudes presentadas. Por sectores, el 37% pertenecen a la construcción, el 31% a actividades inmobiliarias y servicio doméstico, el 9% a comercio y el 8% a la hostelería.