El Parlamento gallego aprobó, con los votos en contra del PPdeG, la Lei de Vivenda, presentada por los grupos que sustentan el bipartito como un instrumento que pretende facilitar el cumplimiento del derecho constitucional de acceder a una vivienda digna.
La conselleira, Teresa Táboas, destacó de ésta su carácter social porque se trata de un texto que está "empapado" de medidas de carácter social, orientadas a mejorar la calidad de vida y atender a los sectores desprotegidos.
Esta versión contrasta con la que mantienen los populares, cuya diputada Pilar Rojo afirmó que con esta normativa se podrían expropiar el 80% de las viviendas vacías de más de 20 años. "Me alegra esta nas antípodas do partido popular" en materia de vivienda, respondió la conselleira este tipo de argumentos.
Las diferencias entre grupos de gobierno y oposición respecto a este texto se hicieron evidentes. Mientras por un lado se defendió la participación y la incorporación de enmiendas fruto de las aportaciones de diversos colectivos, por el otro se criticó una falta de diálogo, que achacan incluso a los propios grupos que sustentan el bipartito.
Pilar Rojo, de hecho, opinó que la normativa incorpora un elevado intervencionismo en materia de vivienda, algo que asoció al caciquismo. "Antes os caciques estaban nalgún pobo.
Agora non queremos pensar que os caciques chegaron a San Caetano", espetó la diputada popular, quien defendió que no son pocos los municipios -incluso socialistas y nacionalistas- los que han apurado promociones urbanísticas para evitar normativas que pone en marcha el actual Gobierno.
Por su parte, la diputada del BNG Carme da Silva defendió este "marco legal novo" que pretende facilitar el acceso a la vivienda, frente a una situación del mercado caracterizada polo "desmesurado aumento do prezo do solo dos últimos anos", fruto de políticas "especulativas".
Luis Tojo, desde las filas socialistas, señaló que aunque la redacción final quizás no sea el que quería "o PSOE ou o BNG", lo importante es que se trata de un "modelo claramente diferente ao anterior que quere facer efectivo o dereito á vivenda".
LA NORMATIVA
La Lei de Vivenda pretende fomentar el alquiler como vía de acceso a una vivienda. este asunto adquiere rango de ley y se aprueba la creación de un Rexistro de Axentes Promotores de Galicia, donde cualquier ciudadano podrá consultar el historial y la solvencia económica de un constructor antes de adquirir una casa.El texto reivindica ademas las competencias exclusivas que le corresponden a la comunidad autónoma en materia de vivienda.
El texto legislativo aprobado da luz verde a la creación de un Fondo Social de Vivenda, que tendrá el objetivo de procurar el derecho y el lugar de residencia para los sectores sociales con mas dificultades. Asimismo, considera como inmueble vacío todo aquel en el que los usuarios legítimos estén ausentes durante un periodo de dos años.
A los propietarios se les exige realizar las obras de rehabilitación necesarias para mantener las viviendas en condiciones de uso. De no ser así, la Xunta podrá expropiar de forma forzosa la vivienda vacía cuando no reúna las condiciones mínimas de habitabilidad.
El acoso inmobiliario viene recogido también en el texto. Así, se detallan las condiciones de desalojo y retorno con el fin de impedir el acoso inmobiliario. También se abre la posibilidad de establecer programas de ayuda que permiten actualizar las rentas antiguas.
En las disposiciones del texto, se detalla la creación de un Observatorio da Vivenda,
para disponer de información detallada y de las estadísticas necesarias para la planificación de una política efectiva, que se ajuste a las demandas de la sociedad. En el tramite parlamentario, se le añadio una enmienda que establece garantías en materia de derechos lingüísticos en el acceso a la vivienda.
COSTAS
El texto articulado incorpora una disposición adicional aceptada por unanimidad en su debate en comision por los grupos parlamentarios. Con esto, se pretende resolver conflictos existentes ahora en núcleos tradicionales, en lo referente a la aplicación de la Ley de Costas en materia de deslindes.
Así se modifica la disposición adicional tercera de la Lei de Ordenación Urbanística, que fija que los deslindes del dominio público marítimo-terrestre que establece la Dirección General de Costas del Estado tienen que ajustarse a la realidad urbanística reconocida por la Xunta de Galicia, que en definitiva será la que certifique qué características poseían los terrenos objeto de deslinde antes de entrar en vigor la ley de Costas de 1988. Se ratifica, pues, la competencia de la comunidad sobre la ordenación del territorio y su litoral.
Con esto, al parecer, se modifica la Lei do Solo, se consolidan las competencias gallegas y se aclara que la Xunta es la que determinará la realidad urbanística existente antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. Hasta ahora, núcleos consolidados y que disponían de todos los servicios ya antes de la aplicación de esta normativa, se topaban con problemas con Costas por situarse en la franja de 100 metros del litoral, porque no estaban tipificados como suelo urbano.
ENMIENDAS
Los grupos parlamentarios presentaron un total de 130 enmiendas a este texto (al margen de la enmienda a la totalidad formulada por el PPdeG que fue rechazada), la mayoría por parte de los populares (117), seguido muy de lejos del PSOE (8) y BNG (5).
Finalmente, y en comisión parlamentaria, fueron aprobadas 10 de los populares, cuatro de los socialistas y las cinco de los nacionalistas. Del total, hubo unanimidad, en algunos casos después de transacciones, en 14 enmiendas.