TARIFA ELÉCTRICA
La Cámara solicita que no adelante la aplicación de las nuevas tarifas eléctricas para no afectar a las pymes gallegas
El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una proposición no de ley -presentada por el BNG y transaccionada entre los tres grupos de la Cámara- en la que instan a la Xunta a que reclame al Gobierno central que mantenga, sin modificaciones, el período inicialmente previsto en la modificación de la Ley del Sector Eléctrico sobre la aplicación de las tarifas de último recurso, hasta el año 2011.
O sea, que no ejecute la propuesta de adelantar la liberalización de tarifas que bajaría de 50 a 15 kilovatios la potencia contratada a partir de la cual sería preceptivo acudir al mercado libre (más caro).
En este sentido, reclaman que la potencia eléctrica contratada para que el consumidor pueda acogerse a la tarifa del último recurso sea de hasta 50 kilovatios, e instan también a que se siga impulsando el proceso de reforma de la regulación del sector eléctrico para disminuir el déficit tarifario. Finalmente, solicitan que las empresas de producción y distribución de energía que trabajan en Galicia puedan ejercer como
comercializadoras de último recurso, "se así o desexan".
El diputado del BNG Fernando Blanco Parga defendió que "o mercado eléctrico ten que ser un mercado regulado e, se non é así, teremos os problemas que temos". El diputado nacionalista trasladó su preocupación sobre los graves efectos que tendría en las pymes gallegas la desaparición de las tarifas reguladas que plantea el Ministerio de Industria, y que entraría en vigor el 1 de julio de 2009.
El real decreto fija también que aquellas empresas que consuman más de 15 kilovatios sólo podrán contratar a las cinco grandes empresas comercializadoras autorizadas: Endesa, Fenosa, Iberdrola, Hidrocantábrico y E.on. En Galicia existen una treintena de empresas distribuidoras que perderían clientes, según los cálculos del BNG.
Desde el grupo parlamentario socialista, Manuel Gallego Lomba defendió que el Ministerio de Industria trabaja actualmente para mantener el límite de los 50 kilovatios y recriminó que el problema surge del "déficit tarifario que creou o Goberno de Aznar e o ministro Piqué", que situó en 14.000 millones de euros.
COMPETENCIA
Por su parte, el diputado del PPdeG Ángel Bernardo Tahoces destacó el "rigoroso" discurso de Blanco Parga para, en base a eso, recriminarle que "non sei como pode estar apoiando ao PSOE", tanto en Galicia como en Madrid. Tahoces se preguntó cómo se articularía la eficacia de la producción y la determinación de qué clientes acudirían al mercado 'barato' o al caro, señalando que "o verdadeiramente importante é que non existe unha real competencia".
Blanco Parga alertó en su momento de que la liberalización que ya se ha aplicado a los usuarios de tarifas de alta tensión ha supuesto hasta el momento una subida de precios del 50 por ciento.
Aunque no hay un cómputo de cuántas pequeñas y medianas empresas podrían verse afectadas, Blanco Parga indicó que la potencia consumida por un domicilio medio oscila entre 9 y 10 kilovatios, por lo que resulta evidente que cualquier taller o pyme superaría los 15 kilovatios que plantea al Gobierno y tendría que enfrentarse a mayores costes al salir al mercado libre.
El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una proposición no de ley -presentada por el BNG y transaccionada entre los tres grupos de la Cámara- en la que instan a la Xunta a que reclame al Gobierno central que mantenga, sin modificaciones, el período inicialmente previsto en la modificación de la Ley del Sector Eléctrico sobre la aplicación de las tarifas de último recurso, hasta el año 2011.
O sea, que no ejecute la propuesta de adelantar la liberalización de tarifas que bajaría de 50 a 15 kilovatios la potencia contratada a partir de la cual sería preceptivo acudir al mercado libre (más caro).
En este sentido, reclaman que la potencia eléctrica contratada para que el consumidor pueda acogerse a la tarifa del último recurso sea de hasta 50 kilovatios, e instan también a que se siga impulsando el proceso de reforma de la regulación del sector eléctrico para disminuir el déficit tarifario. Finalmente, solicitan que las empresas de producción y distribución de energía que trabajan en Galicia puedan ejercer como
comercializadoras de último recurso, "se así o desexan".
El diputado del BNG Fernando Blanco Parga defendió que "o mercado eléctrico ten que ser un mercado regulado e, se non é así, teremos os problemas que temos". El diputado nacionalista trasladó su preocupación sobre los graves efectos que tendría en las pymes gallegas la desaparición de las tarifas reguladas que plantea el Ministerio de Industria, y que entraría en vigor el 1 de julio de 2009.
El real decreto fija también que aquellas empresas que consuman más de 15 kilovatios sólo podrán contratar a las cinco grandes empresas comercializadoras autorizadas: Endesa, Fenosa, Iberdrola, Hidrocantábrico y E.on. En Galicia existen una treintena de empresas distribuidoras que perderían clientes, según los cálculos del BNG.
Desde el grupo parlamentario socialista, Manuel Gallego Lomba defendió que el Ministerio de Industria trabaja actualmente para mantener el límite de los 50 kilovatios y recriminó que el problema surge del "déficit tarifario que creou o Goberno de Aznar e o ministro Piqué", que situó en 14.000 millones de euros.
COMPETENCIA
Por su parte, el diputado del PPdeG Ángel Bernardo Tahoces destacó el "rigoroso" discurso de Blanco Parga para, en base a eso, recriminarle que "non sei como pode estar apoiando ao PSOE", tanto en Galicia como en Madrid. Tahoces se preguntó cómo se articularía la eficacia de la producción y la determinación de qué clientes acudirían al mercado 'barato' o al caro, señalando que "o verdadeiramente importante é que non existe unha real competencia".
Blanco Parga alertó en su momento de que la liberalización que ya se ha aplicado a los usuarios de tarifas de alta tensión ha supuesto hasta el momento una subida de precios del 50 por ciento.
Aunque no hay un cómputo de cuántas pequeñas y medianas empresas podrían verse afectadas, Blanco Parga indicó que la potencia consumida por un domicilio medio oscila entre 9 y 10 kilovatios, por lo que resulta evidente que cualquier taller o pyme superaría los 15 kilovatios que plantea al Gobierno y tendría que enfrentarse a mayores costes al salir al mercado libre.