El subdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, anunció que se adoptarán medidas por parte de la Administración contra las dos autoescuelas lucenses que denunciaron un presunto fraude en la obtención de permisos de conducir por parte de ciudadanos chinos en esta ciudad, si no se demuestra que dicha acusación tenía realmente fundamento.
“Estamos un poco cansados de que lleguen a la opinión pública, como hechos ciertos, asuntos que primero hay que demostrar”, dijo Jesús Otero, quien también subrayó que las autoridades “tienen que preservar, como mínimo, la presunción de inocencia de los ciudadanos”. Se refería así a la denuncia efectuada por dos autoescuelas de Lugo, que motivó el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía para comprobar si, efectivamente, se estaban filtrando a ciudadanos chinos las pruebas teóricas de los exámenes para sacar el permiso de conducir.
Otero recalcó que “cuando algo se denuncia y no se confirma”, si afecta a la “honorabilidad de las personas”, no puede “ser gratuito”. En ese sentido, anunció que “a partir de ahora, cuando se formule una acusación que resulte ser falsa, eso tendrá consecuencias”, aunque también reconoció que en el caso concreto del presunto fraude en los exámenes del permiso de conducir, la Subdelegación del Gobierno sólo tomará “medidas cuando finalice la investigación, porque de momento sólo podemos aguantar”.
En todo caso, Jesús Otero considera que este caso quedó perfectamente “clarificado” con las declaraciones que realizaron en las últimas horas el jefe provincial de Tráfico, Julio González, y el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, José Fernández, porque ambos manifestaron que no se detectaron dichas filtraciones y defendieron las garantías del proceso.
Por ello, Jesús Otero recordó que “llama poderosamente la atención” que siendo los propietarios de las autoescuelas de Lugo los primeros interesados en denunciar una supuesta trama de este tipo, porque perjudicaría a sus negocios, sólo dos, de las 71 que hay en Lugo, formulasen esa acusación, mientras que “las otras 68 dijeron que no hay absolutamente nada”.
“A veces, las minorías tienen más razón que las mayorías, pero creo que en este caso está todo perfectamente claro”, dijo Otero. Además, explicó que “si hay alguna autoescuela que ha adaptado sus enseñanzas a estos ciudadanos, lo normal es que acudan a esa y no a otras, pero eso forma parte de la libre competencia”.
De todas formas, el subdelegado admitió que le preocupa que “se esté cuestionando constantemente” el trabajo que se desarrolla en la Jefatura Provincial de Tráfico, puesto que también ha sido noticia recientemente por la detención de una de sus funcionarias, supuestamente implicada en un caso relacionado con el sobreseimiento injustificado de sanciones.
La Subdelegación del Gobierno, reiteró Otero, “es la primera interesada en que la Administración periférica del Estado funcione correctamente”, y especialmente en los asuntos relacionados con Tráfico, porque “son temas sensibles”. En todo caso, reconoció que pueden surgir “situaciones puntuales” que son inevitables, pero que no deben dar pie “a que sean generalizadas”.