Izquierda Unida manifestó su desacuerdo con la decisión tomada por la Junta Electoral Central, publicada este jueves en el BOE, sobre la normativa que se utilizará en las próximas elecciones autonómicas a la hora de regularizar el voto de los residentes en el extranjero.
Según Izquierda Unida, este sistema “no cuenta con las garantías necesarias, lo cual es inaceptable a esta alturas de desarrollo democrático”.
La formación liderada en nuestra comunidad por la concejala ferrolana Yolanda Díaz, afirma, a través de un comunicado, “nuestro partido viene solicitando la necesidad de modificar las condiciones y requisitos precisos para ejercer el derecho de voto de los inscritos en el CERA, (Censo Electoral del Residentes-Ausentes), sin encontrar más que desinterese y oportunismo de los grandes partidos, siendo una de las garantías la exigencia de realizar el voto en urna”.
Izquierda Unida también critica a los tres partido con representación actualmente en el Parlamento de Galicia, PP, PSOE y BNG de haber dejado pasar la legislatura “sin ponerse de acuerdo para realizar una reforma de la ley que homologara el voto emigrante con el voto emitido en nuestro país”.
INMIGRANTES
Además, Izquierda Unida también critica que en el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo uno de marzo no puedan ejercer el derecho a voto muchos de los inmigrantes que viven actualmente en nuestra comunidad, ya que según esta formación “afrontamos este proceso electoral como sociedad, y e las mujeres y hombres emigrantes que viven y trabajan con nosotros, en nuestra país, siguen privados de un derecho de ciudadanía básico, el derecho de sufragio, a pesar de hacer frente a los deberes de vivir con nosotros, con el pago de impuestos incluido. Nuestra organización entiende que es una urgencia democrática corregir esta discriminación que afecta a más de 95.000 ciudadanos” sentencian.
AUTOMOCIÓN
En otra orden de cosas, desde Izquierda Unida, también se demanda del gobierno central que se establezca un acuerdo con todas aquellas empresas que vayan a recibir fondos del Plan Estatal de Automoción para que estas empresas se comprometan a no llevar a cabo despidos y que accedan a firmar un compromiso social por el empleo.
En el concreto, Izquierda Unida muestra su preocupación ante la posible aplicación de un ERE en la planta viguesa del grupo PSA, ya que según esta formación política, “es inaceptable que las previsiones de la empresa pasen por recibir 250 millones de euros del dicho fondo público, tras recibir otras ayudas autonómicas, mientras amenaza veladamente con un ERE temporal tras las elecciones de marzo”. Según la coordinadora de IU, “no vale despedir y embolsarse dinero públicos al mismo tiempo”. Izquierda Unida demanda de la Xunta “una actitud exigente en las consellarías y en la inspección de trabajo en lo que afecte a la concesión de las ayudas autonómicas, al objeto de aplicar como condición el compromiso de mantener los puestos de trabajo”.