PRESUNTA ESTAFA

La familia de un emigrante se entera por Google de que le han usurpado la herencia

Los casos de estafa de herencias a descendientes de emigrantes gallegos por parte de familiares residentes en Galicia son más numerosas y frecuentes de lo que imaginamos. Las dificultades para localizar el paradero de estos bienes facilitan estos delitos, más aun cuando muchos de estos herederos desconocen la existencia de estas propiedades. Por ello, la mayoría de estos delitos quedan impunes y se convierten en un negocio redondo.

Hoy se ha tenido conocimiento de un nuevo caso. El Concello de Lalín y los familiares de un emigrante gallego han sido denunciados por los tres hijos y esposa de dicho emigrante, fallecido hace ya varios años, por un supuesto delito continuado de estafa, falsificación de documentos y uso de documentos falsos. Los denunciados residen en el propio Concello de Lalín y en Santiago.

Los afectados denuncian que sus familiares residentes en Galicia practicaron compraventas y firmaron convenios urbanísticos, otorgándose la representación de los herederos universales, algo que ellos desconocían y nunca autorizaron de ningún modo.

TODO SE DESCUBRIÓ EN GOOGLE

Toda esta trama se descubrió en 2007, cuando Diana Moure, una de las hijas del emigrante, introdujo el nombre de su padre en el conocido buscador Google. Su asombro fue mayúsculo cuando descubrió que el nombre de su padre se encontraba en varios convenios urbanísticos firmados con el Concello de Lalín.

Así, a través de internet, Diana y sus dos hermanos, Silvia y Omar, descubrieron un convenio urbanístico firmado el 20 de septiembre de 2003 por un familiar de los denunciantes, que afirmaba actuar en representación de la comunidad hereditaria de su abuelo y de su padre. Asimismo, a través del DOG descubrieron otro convenio firmado el mismo año. Ambos documentos habían sido firmados tras el fallecimiento de su padre. Por todo ello, Diana decidió viajar a Galicia para ponerse al día de los bienes de su padre y abuelos.

Una vez aquí, Diana descubrió que también habían sido expropiados varios terrenos de su padre por parte del Concello de Lalín, desconociendo que personas presentaron alegaciones al expediente de expropiación y quienes cobraron el dinero de dicha operación. Diana asegura que tanto sus familiares como el Concello se negaron "sistematicamente" a facilitarle los documentos para aclarar este asunto.

El padre de Diana falleció sin dejar testamento, algo que si hizo su madre, dejando como herederos iguales a sus nueve hijos. Los familiares denunciados alegan una supuesta venta por parte del padre de Diana, a pesar de que él jamás regresó a Galicia después de haber emigrado tras la Guerra Civil, porque tal como afirma Diana, "a pesar de que le dolía el alma al recordar su tierra, nunca tuvo fuerzas para volver".

LARGO CAMINO EN BUSCA DE JUSTICIA

Ante la vista de los hechos, el abogado de Diana, Sergio Amadeo Gadea, presentó una denuncia ante el Juzgado de Lalín, cuya investigación califica de "fragmentaria", ya que no admitieron las pruebas que pedían, como una prueba pericial caligráfica o los propios convenios urbanísticos. Además, tampoco llamaron a declarar a los familiares implicados en la supuesta estafa.

Por ello, decidieron llevar el caso a la Audiencia Provincial de Pontevedra, de la que esperan tener respuesta en unos quince o veinte días, para que continuase la investigación y practicase las puebas propuestas. En el supuesto de que este juzgado también se negase, el abogado ha anunciado que presentarán un recurso de amparo.
En cuanto a la actitud del alcalde de Lalín, José Crespo, Diana no escatima calificativos a la hora de decir que fue "histriónica, maleducada, impertinente y atrevida", ya que se negó a recibirla y a facilitarle documentos en repetidas ocasiones. Sobre su familia, asegura que "me segregó" y que hicieron que se sintiese "como una bastarda".

Diana asegura que tanto ella como sus hermanos volcarán "todos nuestros esfuerzos para llegar hasta la verdad", porque "exigimos justicia". Asimismo, asegura que se han sentido "discriminados" en el procedimiento llevado a cabo por el Juzgado de Lalín, y en un estado de "total indefensión". Por ello, Diana y sus hermanos, que poseen la doble nacionalidad, han solicitado asistencia y protección de la Cancillería argentina en este caso.