CRIMEN DE SILLEDA
Uno de los acusados reconoce que el móvil de los asesinatos fue una deuda por un alijo de droga
Juan José Bértolo, uno de los acusados como presunto autor del asesinato de Santiago Mondragón y Victor Manuel González, los dos arousanos cuyos cadáveres aparecieron acribillados a balazos en una pista forestal de Dornelas (Silleda) reconoció que el móvil del crimen pudo haber sido una deuda por un alijo de dos kilos de cocaína entre las dos víctimas y los otros dos acusados, José Ramón Rey y Carlos Montoto.
Bértolo, que en todo momento aseguró que él no participó en los asesinatos, fue el primero en declarar en el juicio que comenzó esta mañana con jurado popular en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en donde reconoció que fue él quien puso en contacto a los dos fallecidos con los otros dos acusados, ya que les conocía a todos ellos debido al taller de reparación de vehículos que regentaba en Silleda.
Ante las preguntas del Fiscal sobre su vinculación o conocimiento de los hechos, el acusado dijo que fue detenido por la Guardia Civil en el lugar de los hechos "porque fui a ver si era cierto lo que me había dicho José Ramón", considerado como el autor material de los disparos, quien según Bértolo le dijo "están muertos", interpretando en ese momento que se refería a las dos víctimas "porque yo les había concertado la cita".
Tras negar varias veces saber para qué querían verse, Juan José Bértolo acabó confirmando la existencia de una deuda económica motivada por un alijo de dos kilos de cocaína, "droga que muchas veces tenía José Ramón en su bar", y ante el descubrimiento en su taller del arma con la que presuntamente se hicieron los disparos, el acusado dijo que se la había dado José Ramón Rey "y la guardé sin pensar en lo que hacía".
Aunque en un principio pensó que las víctimas no estaban muertas "porque José Ramón dice muchas tonterías", acompañó a los otros dos acusados al lugar en donde estaban los cadáveres, "pero yo nunca los vi" a pesar de que reconoció haberse puesto unos guantes de goma, "pero no porque yo quisiera mover los cuerpos, sino porque José Ramón quería mover uno y se los había puesto y me miraba mal porque yo no los ponía".
Además, Juan José Bertolo confirmó que en su primera declaración ante la Guardia Civil mintió "porque así lo habíamos acordado, ya que Ramón nos dijo lo que teníamos que decir" y que durante su estancia en prisión los acusados mantuvieron cierta correspondencia por carta, "y nos llegamos a decir muchas tonterías como que yo era un niño y me tenía que poner un bozal".
ACRIBILLADOS A BALAZOS
Los hechos se remontan al 26 de mayo de 2005, en una hora situada por los forenses entre las 16.00 y las 21.00 horas, cuando los tres acusados trasladaron a las dos víctimas, Santiago Mondragón Paz y Víctor Manuel González Silva, a las inmediaciones de una pista asfaltada que atraviesa el monte de Dornelas, en donde "utilizando la pistola que llevaban con ellos, dispararon a sus víctimas, causándoles heridas que determinaron su muerte inmediata", según recoge el escrito de acusación.
El Ministerio Fiscal asegura que los tres acusados tenían un plan preconcebido para asesinar a los dos arousanos que iban completamente desarmados, "disparándoles por la espalda desde una distancia inferior a un metro, eliminando con ello cualquier defensa que pudieran tener", recibiendo Santiago Mondragón cinco disparos, dos en la espalda, dos en el pecho y uno en la cabeza, y Víctor Manuel González, otros dos en la espalda.
Tras acabar con la vida de ambos, los tres hombres arrastraron los cuerpos hasta la ladera del monte y los ocultaron, volviendo en varias ocasiones al lugar de los hechos "para asegurarse que los cadáveres no habían quedado en un lugar visible", y en una de ellas fue cuando lograron ser interceptados por los agentes de la Guardia Civil, quienes posteriormente encontraron el arma homicida en el taller mecánico que regentaba Juan José Bértolo.
Los tres acusados, que según las investigaciones policiales realizaron el crimen debido a un ajuste de cuentas relacionado con drogas y coches de importación, permanecen desde entonces en la prisión provincial de A Lama, después de que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lalín denegase en varias ocasiones su puesta en libertad.
En total, Fiscalía solicita una pena de 42 años de prisión para cada uno de ellos y que indemnicen a los familiares de las víctimas con un total de 630.000 euros, mientras que la Defensa de los tres acusados solicitaron la libre absolución de sus clientes por falta de pruebas y porque la acusación contra ellos está basada "en suposiciones y conjeturas".