Representantes de 12 asociaciones vinculadas al sector de
la construcción demandaron esta mañana al nuevo Gobierno gallego, presidido por
Alberto Núñez Feijoo, que garantice y reduzca a 45 días los pagos a contratas y
subcontratas en concursos públicos. Según informó el asesor de la Asociación de Excavadores de Galicia (Aexga),
Diego Maraña, el problema "común" que tienen las empresas vinculadas a la
construcción es la morosidad. Por este motivo solicitan a la Administración
autonómica, y por extensión a la local, la inclusión de una cláusula de pago
"máximo" de 45 días para contratas y subcontratas en los concursos públicos que
se liciten, de acuerdo con el cumplimiento de la Ley 3/2004 de Morosidad.
Maraña explicó que la situación por la que atraviesan las empresas se agrava
cuando las adjudicatarias demoran los pagos a las subcontratas, condición de la
mayoría de las asociaciones reunidas esta mañana en Santiago, en más de 250
días. Esta circunstancia hace "insostenible" el mantenimiento de los puestos de
trabajo y, por extensión, de las propias empresas, afirmó el asesor.
Además, este retraso supone una "falta de liquidez" para los pagos a corto
plazo, como las nóminas, leasing de maquinaria, proveedores de materiales y
otros servicios. En este sentido, Maraña afirmó que es "insostenible" mantener
unos pagos "tan dilatados".
Por su parte, el responsable de la Asociación Galega de Graniteiros (AGG),
José Ángel Lorenzo, destacó que en varios países europeos los plazos de pago no
superan los 60 días, por lo que indicó que la petición que hacen es "razonable".
Además, hizo hincapié en que en Galicia y España se vive una situación "anómala"
con respecto a esta cuestión y alertó de que 200 días de demora para un pago
puede suponer la "muerte" de puestos de trabajo en las pymes del sector.
Otra de las peticiones que trasladarán al nuevo Gobierno autonómico mediante
el acuerdo firmado será la "verificación" de los pagos realizados a las
subcontratas por parte de las adjudicatarias de los concursos públicos antes del
pago del importe total por parte de la Administración.
SITUACIÓN "MUY DELICADA"
A la morosidad, que es "más elevada" por parte de los particulares, se suma
la reducción "considerable" en el importe de las pólizas de crédito, en niveles
que oscilaron desde un millón de euros que se concedía anteriormente a los
200.000 euros que se aportan en este momento.
Ante esta situación, reclamaron al nuevo Gobierno "premura" para aplicar
estas medidas, ya que según explicó el asesor de Aexga, la situación es "muy
delicada" y agregó que la demora de la aplicación de sus peticiones puede
"supeditar" muchos puestos de trabajo. "No es lo mismo que se apliquen en los
primeros 15 días de gobierno que se tarde 5 meses", matizó.
En esta línea, el responsable de la Asociación de Empresas de Electricidad y
Telecomunicaciones de Pontevedra, José Alonso Rodríguez, reclamó la
"concienciación" y "sensibilidad" del nuevo Ejecutivo gallego para que "haga
todo lo que esté en sus manos" para garantizar el cobro de los trabajos. Desde
las 12 asociaciones mostraron su disposición a dialogar para alcanzar una
solución "común" a todo el sector.
60.000 TRABAJADORES DIRECTOS
El acuerdo firmado esta mañana fue ratificado por las asociaciones de
Excavadores de Galicia, de Empresas de Cerramiento, de Fabricantes de Hormigón y
Mortero de Galicia, Española de Fabricantes de Hormigón, de Empresarios de
Instalaciones de Fontanería, Saneamiento, Calefacción, Aire acondicionado y
Afines de Pontevedra, de Fabricantes de Derivados del Cemento de Galicia, Galega
de Graniteiros, Gallega de Pizarristas, Gallega de Industriales de Ferralla, de
Empresarios de Materiales de la Construcción, la Asociación de Empresas de
Electricidad y Telecomunicaciones de Pontevedra y de Canteiras de Galicia.
Estas 12 agrupaciones reúnen a más de 2.000 empresas que alcanzan más de
60.000 puestos de trabajo. Su volumen de facturación conjunta es de 4.000
millones de euros.