EMPLEO
CIG y UGT defienden la total legalidad de la oposiciones al Consorcio de Igualdade e Benestar
Los sindicatos CIG y UGT advirtieron que no tolerarán la paralización del concurso-oposición al Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, un proceso el cual señalaron que reúne todos los requisitos legales,-de publicidad, mérito y capacidad-. También reclamaron que no se desmantelen ni se privaticen los servicios públicos.
Las centrales, en una rueda de prensa a la que asistieron las cuatro presidentas del comité de empresa del Consorcio, plantearon que una decisión de estas características por parte del futuro Ejecutivo de la Xunta de Galicia sólo es explicable por "criterios de rendabilidade política do PP" en campaña electoral, indicó el portavoz nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, quien dijo además que resulta "inaceptable" que se quiera paralizar un proceso "convocado y negociado" antes de las elecciones del pasado 1 de marzo.
Louzao hizo especial hincapié en que CIG y UGT -dos de los tres sindicatos que participaron en la negociación- representan al 86% de los trabajadores, y que tienen, por tanto, "o aval" para hablar en nombre de todos ellos. Recordó que los empleados superaron en su día una oposición, pero que el contrato que se les hizo -por obras y servicios- no era el adecuado y ahora tienen que realizar nuevamente las pruebas, de carácter eliminatorio.
Añadió que se trata "dun proceso administrativo" que no puede paralizarse por unas elecciones y que sólo desde una posición política "perversa" puede pensarse en que se demoren o no se celebren. Tras recordar que los trabajadores no pueden ser "carne de cañón dunha decisión espuria", confirmó la celebración este jueves de una concentración en Santiago ante la sede regional del PPdeG.
Por su parte, el secretario nacional de CIG-Atonómica, Manuel Gallardo Canitrot, aludió a la realización de varios procesos selectivos, uno de ellos en 2002, para "a consolidación de emprego extraordinario" en el Sergas, que contó con el apoyo tanto de CC.OO. como de CSI-CSIF, contrarias ahora a la celebración de la oposición.
En nombre de UGT intervino el responsable de sanidad de la central en Pontevedra, Óscar Martínez, quien señaló que su sindicato se sentó a la mesa de negociación para "regularizar unha situación inestable", dijo, y que tras comprobarse que "todo estaba dentro da lei" firmó el acuerdo conducente a la celebración del concurso-oposición, aunque matizó que "pode que o modelo non sexa io máis adecuado". A quienes entiendan que el proceso no es legal los remitió a la vía judicial y advirtió que lo que no se puede es "politizar o tema dos postos de traballo".
En total son 1.100 los trabajadores que desarrollan funciones sociales dentro del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, mientras que para la oposición se convocaron 338 plazas.
Según Óscar Martínez, los "ataques" para que no se celebren vienen tanto del PPdeG, como de CC.OO., CSI-CSIF y de "un periódico galego e outros de ámbito nacional", manifestó.
Los dos sindicatos consideran que las oposiciones ya debieran estar convocadas y que en el plazo de dos semanas se podrían celebrar si no se ponen atrancos para ello.