La Diputación de Lugo acaba de abrir una investigación para aclarar la existencia de presuntas “irregularidades” en la gestión económica de la Fundación del Centro Superior Cinexético y Piscícola de Galicia, ubicado en el Pazo de Tor (Monforte de Lemos), que fue creada por el anterior presidente de la institución provincial, Francisco Cacharro Pardo (PP), con el apoyo de la Consellería de Medio Ambiente, cuando este departamento del Gobierno autonómico era dirigido por José Manuel Barreiro.
El presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, recordó que dicha fundación, a día de hoy, no está tutelada por ninguna de las dos administraciones que promovieron su creación. Además, afirmó que el actual Gobierno de la institución provincial ha percibido una serie de “alarmas” que le han “hecho dudar de los objetivos y la finalidad” de dicha entidad.
En primer lugar, Gómez Besteiro subrayó que la Agencia Tributaria ha comunicado un inicio de embargo contra la fundación, un aspecto que hace pensar “en una situación económica agónica”. En ese sentido, el presidente de la institución provincial afirmó que antes “ingresar un euro más” en la citada entidad, habrá que aclarar como se puede encontrar en esas circunstancias después de recibir una aportación inicial de 2.341.536 euros de la Diputación de Lugo y de la Xunta de Galicia, además de 200 hectáreas de terreno público y aportaciones anuales de los patronos. El Gobierno provincial se pregunta abiertamente en qué se gastaron esas importantes sumas de dinero público y cómo es posible que, sólo cinco años después de su constitución, esta entidad esté al borde del embargo.
Por otra parte, el presidente de la Diputación mostró varias fotografías para demostrar que en los terrenos cedidos a la citada fundación se ha producido en los últimos años una “deforestación progresiva”, a causa de “talas masivas”, totalmente incompatible con una fundación de carácter medioambiental. Según Gómez Besteiro, “es como si los ecologistas se dedicasen al comercio con pieles de animales”. Además, la Diputación también ha constatado que las pistas y caminos de la finca provincial que está bajo su tutela se encuentran en “un estado absoluto de dejadez”, sin que el patronato de la fundación haya dado orden de realizar los trabajos pertinentes de reparación.
Gómez Besteiro recordó que la Diputación pidió información sobre este “despropósito” al actual patronato de la fundación, que mantiene la composición derivada del anterior Gobierno provincial, pero se encontró con una “cortina de humo”, porque sus miembros llevaron ante la Fiscalía un supuesto impago de la aportación que tenía que realizar anualmente la institución provincial para el mantenimiento de sus actividades.
Con respecto a esa denuncia, Gómez Besteiro aclaró que la fundación recibió anualmente 170.000 euros de la Diputación de Lugo y otro tanto de la Consellería de Medio Ambiente desde que fue constituída, salvo en el año 2008, cuando la institución provincial sólo ingresó 30.000 euros, al descubrir esas supuestas irregularidades en su administración.
El máximo responsable del Gobierno provincial pidió a la Consellería de Medio Ambiente que tome cartas en el asunto y puso la Diputación de Lugo a disposición de la Fiscalía para “llegar hasta el final de este asunto”. De hecho, confirmó que ya informó a los portavoces de los tres grupos políticos de los pasos que seguirá la institución, porque la situación de esta entidad, a su juicio, no tiene precedentes”.