JUICIO EN A CORUÑA
Los dos presos acusados de matar a otro en la cárcel de Teixeiro se contradicen
Las contradicciones entre los testimonios de los dos acusados y con sus
respectivas declaraciones previas han marcado la sesión matinal del juicio que
se sigue en la Audiencia Provincial de A Coruña contra dos presos acusados de
haber matado a otro recluso en la cárcel de Teixeiro el 24 de mayo de 2006,
cuando los tres se encontraban en el módulo de aislamiento.
Tras la inauguración del proceso ayer con la constitución del jurado popular
que decidirá sobre el caso y la lectura de las calificaciones, hoy se han
iniciado los interrogatorios con la presencia de los dos reos, que en sus
declaraciones se han inculpado el uno al otro y han ofrecido versiones
absolutamente contradictorias de los hechos.
El primero en tomar la palabra ha sido Juan Ignacio Lamas, de 38 años, para
el que el fiscal pide una pena de 20 años de prisión por tratarse de un
reincidente, ya que el acusado mató con anterioridad a otro preso en la prisión
pontevedresa de A Lama. Lamas ha defendido que nunca tuvo problemas con el fallecido, aunque éste sí
habría mantenido disputas previas con el otro acusado, David Charlín, llegando a
“cagarse en los muertos de su mujer”, lo que David habría denunciado ante otros
presos.
A raíz de eso, el día 24 de mayo se habría originado una discusión entre
ellos, mientras estaban en la sala de actividades que sirve como gimnasio. Según
Lamas, la víctima habría sacado un “pincho” y atacado con él a David, momento en
el que el propio Juan Ignacio trató de distraerle para evitar la agresión.
A causa de eso fue él quien recibió un corte en el hombro, al tiempo que para
defenderse le propinó un golpe en la cabeza a Ramón con una raqueta de ping
pong. Ha negado tajantemente que proporcionara al fallecido puñetazos y patadas,
cuyas marcas figuran en los informes forenses.
Lamas sostiene que tras lo sucedido se retiró y dejó que los otros dos presos
“arreglasen sus asuntos”. Ha explicado que ambos intercambiaron golpes que no ha
sabido precisar pero en ningún momento ha reconocido que Charlín tocase el arma
blanca y agrediese con ella a la víctima. También ha asegurado que él no tocó el
pincho en ningún momento y que al ver a Ramón de la Asunción en el suelo en
medio de abundante sangre se limitó a tomarle el pulso.
La declaración efectuada por Lamas difiere notablemente de la que hizo
ante el juez en 2006 al día siguiente del suceso. Entonces aseguró que fue Ramón
quien le agredió a él con el pincho al ir a recoger una pelota de ping-pong y
reconoció haberle dado una patada en la cara.
El acusado ha explicado que esta versión que ha dicho falsa fue fruto de un
acuerdo económico con Charlín, decidido en la misma sala donde se produjo el
suceso, antes de la llegada de los funcionarios de prisiones. Según Lamas, él
mismo inventó las declaraciones de ambos, de modo que fuese él quien resultase
condenado, dados sus antecedentes. A cambio recibiría 60.000 euros y David
evitaría “comerse el marrón”.
Por su parte, Charlín, de 25 años y para el que se piden 18 de cárcel, ha
negado en su declaración que hubiera ningún trato entre ambos o que hubieran
hablado de dinero. Ha dicho que nunca alardeó de tener una buena posición
económica, que depende de sus padres y que son una familia humilde. También ha
negado que hubiera dicho a sus compañeros de cárcel que pertenecía al clan de
los Charlines, vinculados al narcotráfico, aunque ha reconocido que un familiar
suyo sí estuvo imputado en una causa relacionada.
Según la versión de los hechos proporcionada por el segundo acusado, el
fallecido atacó a Lamas con el pincho y éste se revolvió para evitar el ataque,
empezando un forcejeo. Asegura que él trató de detener la pelea pero que vista
la situación y el tipo de personas que eran los involucrados, optó por quitarse
del medio.
David Charlín ha dicho que “jamás” llegó a dar un golpe a Ramón de la
Asunción, aunque sí le agarró de un brazo antes de apartarse. Por el contrario,
ha relatado que vio a Lamas pegarle 4 ó5 golpes en la cabeza con la raqueta de
ping pong. No ha precisado cómo ocurrió el resto de la agresión, ya que asegura
que se volvió hacia la galería de observación para ver si había algún agente y
al retomar el contacto visual ya vio al fallecido tendido en el suelo.
El acusado, que se ha declarado muy afectado por el suceso y atemorizado
hasta el pánico por el otro involucrado, ha dicho que tras lo sucedido y “bajo
presión, atendiendo órdenes” de Lamas, le ayudó a girar el cuerpo y retiró la
venda que cubría el pincho para tirarla por el retrete.
Charlín ha señalado que en el tiempo que tardaron en llegar los funcionarios,
Lamas se dirigió a él en tono amenazante para explicarle que debían alegar
legítima defensa y asegurarle que no iba a declarar hasta que él lo hiciera para
que las versiones fueran coincidentes. Asegura que incluso llegó a temer por su
vida.
El acusado ha insistido en todo momento en que actuó “bajo presión, amenazado
y coaccionado” y ha atribuido al miedo que tiene a Lamas el hecho de que sus
tres declaraciones anteriores fueran totalmente contradictorias entre sí. Así en
la primera reconoció haber golpeado de varios modos al fallecido, algo que negó
en la segunda mientras decía no saber quién había empezado la pelea.
En la tercera, realizada ante el juez en abril de 2007 cambió totalmente su
versión para decir que él mismo había fabricado y escondido el arma en el
gimnasio y que la víctima podría haber muerto al caer y golpearse con una estufa
en la nuca. Con todo, asegura que todas estas declaraciones fueron alteradas por
la presión de Lamas y que el relato auténtico es el de hoy.
Charlín ha denunciado incluso presiones por parte del agente judicial que
investigó el caso en Teixeiro el mismo día de autos, asegurando que “le
confundió” al recomendarle primero que inculpara a Lamas y luego a sí mismo.
Además ha asegurado que en estos años ha recibido cartas amenazantes del otro
preso y que varios reclusos de la cárcel madrileña de Soto del Real, donde
cumple condena actualmente, le han amenazado en nombre de Lamas, del que dice es
“respetado, o más bien temido, por sus antecedentes”.
La tónica general de las declaraciones de ambos, que se han prolongado cerca
de tres horas, ha sido inculpar al contrario y negar en cada caso haber golpeado
al fallecido. De todos modos, ninguno ha reconocido haber visto al otro agredir
con arma blanca a la víctima o proporcionarle algún golpe claramente mortal.
Ambos han justificado no haber llamado a los funcionarios cuando comenzó la
pelea aunque con razones distintas. Mientras Lamas ha alegado que todo fue muy
rápido y que las particulares reglas del mundo carcelario condenan a los
chivatos, Charlín ha asegurado que temió por su vida y que en el tiempo que
tardarían en llegar los agentes no hubieran podido evitar la muerte de Ramón de
la Asunción y la suya propia.
El juicio continuará esta tarde con la intervención de los médicos forenses.
Los informes realizados previamente concluyen que el fallecido fue atacado con
manos y pies, además de ser agredido con una raqueta de ping-pong y un arma
blanca, con la que le hirieron en cara y cuello.
Lo complicado a lo largo de estos días será determinar quien fue el autor de
los golpes y agresiones, o si puede imputarse a ambos la mortal agresión, ya que
en el momento de producirse no estaba presente ningún funcionario de prisiones
ni había cámaras de videovigilancia en la sala.
En base a las distintas declaraciones y pruebas que se presenten en los
próximas días, el jurado popular compuesto por 12 personas deberá dilucidar cuál
es la versión más creíble de los hechos para dar un veredicto.
La fiscalía pide 18 años de prisión para Charlín, una petición que la
acusación particular eleva a 19, y 20 para Lamas por un agravante de
reincidencia. Además reclama una indemnización de 30.000 y 10.000 euros para la
madre y la hermana de la víctima, cifras que el abogado de la familia aumenta a
70.000 y 50.000 euros, además de 3.500 euros por los gastos del sepelio.
Para las acusaciones, es el Estado quien debería responder subsidiariamente
de estas indemnizaciones, al entender que hubo fallos en la vigilancia de la
cárcel que permitieron que se cometiera el crimen, algo que el abogado del
Estado rechaza por entender que no hubo negligencia.
Las defensas de los dos acusados, que en la vista de hoy han tratado de
exculpar a sus respectivos defendidos a base de mostrar la debilidad de la
versión del cliente contrario, piden para ellos la libre absolución por no estar
probada su participación en los hechos y señalando que fueron ellos los
agredidos y tuvieron que repeler el ataque del fallecido.