JUICIO
El acusado de transportar 500 kilos de cocaína desde O Salnés a Cataluña asegura ahora que desconocía la carga que llevaba
Agapito J.P, el conductor del camión en el que los cinco implicados en la denominada Operación "Trailer" pretendían trasladar 500 kilos de cocaína desde O Salnés hasta Cataluña, aseguró durante el juicio que dio comienzo en la Audiencia Provincial de Pontevedra, que desconocía el contenido de las cajas de mercancía que iban en el interior del vehículo.
A pesar de que en su declaración inicial realizada durante la investigación dirigida por el juez José Antonio Vázquez Taín, el acusado afirmó que sospechaba que había droga en las cajas y que le iban a pagar por ese trabajo 60.000 euros, hoy insistió ante las preguntas de la Fiscalía que "no tenía ni idea de la carga que transportaba", y tampoco aclaró si conocía a los otros cuatro acusados.
El fiscal del caso, Marcelo Azcárraga, quien ayer solicitó la suspensión de la vista oral para poder contar con las grabaciones de las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación, pudo iniciar hoy su audición y a eso se dedicó la mayoría de la primera sesión de este juicio.
En concreto, en una de ellas, Agapito J.P. habla supuestamente con la persona que le contrató para que realizara el transporte de la droga, sin embargo, éste no se reconoció en ninguno de los pasajes e indicó que quizás, le tendieron "una trampa" y se convirtió en un señuelo mientras se introducía droga por otra parte, ya que "por circunstancias de la vida me encontré dos veces en esta situación y las dos me pillaron".
Mañana continuará el juicio contra los otros cuatro acusados, Julián G.I., Ignacio G.L., alias "Iñaki", "Médico" o "Cabezón", Antonio G.P. y Oscar T.T., aunque algunos ya avanzaron que no responderán a ninguna pregunta, ni siquiera de sus propios abogados.
Para todos ellos, la Fiscalía de la Audiencia pontevedresa solicita que sean condenados por un delito contra la salud pública, por el que considera que deben afrontar una pena de trece años y medio de prisión cada uno y al pago de una multa de forma subsidiaria de 78,8 millones de euros.