El Gobierno municipal de Ferrol llevó a cabo en las últimas horas una
reorganización en el ámbito del departamento de Seguridad y Tráfico. El equipo
que preside Vicente Irisarri decidió cesar a Daniel González como jefe de la
Policía Local, puesto que ha venido desempeñando a lo largo de los últimos años,
con los gobiernos bipartidos de BNG-PSOE, en la legislatura 1999-2003 y PP-IF,
entre 2003-2007. Tras la decisión del Gobierno municipal de Ferrol de su cese,
González regresará a su puesto de inspector, categoría que tiene reconocida
dentro del cuerpo policial ferrolano.
Su puesto será ocupado por José Manuel Pérez, que ya desempeñó dicho cargo
justo antes de partir hacia la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, puesto
que ejerció durante la última legislatura del gobierno Aznar, y con Arsenio
Fernández De Mesa al frente de la Delegación de Gobierno en Galicia.
A su regreso al concello de Ferrol, en el año 2004, a José Manuel Pérez se le
encomendó la tarea de coordinador de Seguridad Local, un cargo destinado a
optimizar los recursos de seguridad del concello ferrolano y en el que engloba
la Policía Local, Bomberos y Protección Civil.
Ahora y tras esta reorganización José Manuel Pérez pasa a desempeñar de nuevo
el cargo de jefe de la Policía Local y su puesto será ocupado de manera interina
por el asesor de Seguridad Local que el gobierno socialista de Ferrol contrató
meses atrás para asesorar al grupo de Irisarri en esta materia.
MEDIDA NECESARIA
Desde la concejalía de Seguridad, su responsable, Sandra Ríos, justificó esta
reorganización afirmado que “es necesario darle un nuevo rumbo a la ciudad en
materia de seguridad y tráfico. Esta claro que ciertas cosas no se estaban
haciendo de la manera correcta, bajo nuestro punto de vista y es por ello que
hemos decido llevar a cabo estos cambios, que realiza el gobierno, y no el
alcalde, como algunos quieren hacer creer”.
La concejala ferrolana también reseñó en su intervención de esta tarde que
“lo que algunos partidos quieren vender como una gran noticia”, en alusiones al
PP, “es simplemente una reorganización que ya se debería de haber realizado en
el pasado, ya que nosotros lo único que hacemos es retornar las cosas a su
estado natural, es decir, un jefe de la Policía Local que pasa a ocupar su
puesto y un inspector que regresa al suyo”, sentenció Ríos.
PP
Versión muy distinta la ofrecida también esta tarde desde el PP sobre esta
situación. Los populares han criticado “la actitud poco democrática del alcalde, ya que
el regidor no informó a los portavoces de los grupos de la oposición”.
El Presidente del PP de Ferrol, y portavoz de los populares en el Concello,
José Manuel Rey, afirmó que “la actitud de Irisarri carece de precedentes en la
historia democrática de la ciudad”, y acusó al regidor de “querer suplantar la
jefatura de la policía utilizando a un asesor de su confianza, que realiza
labores que no le son propias y que le corresponden a la jefatura del cuerpo,
vulnerando la Ley 4/2007, Ley de Coordinación de las Policías Locales de 2007”. Rey Varela también afirmó que el alcalde comunicó ambos ceses esta misma
mañana, y a través del teléfono.
IRREGULARIDADES
Rey denunció la existencia de graves irregularidades en el área de seguridad
del concello de Ferrol, de las que responsabilizó directamente al regidor, y a
los dos concejales responsables de la misma. Rey explicó que existen varios
escritos de distintos agentes del cuerpo en los que se denuncia la vulneración
permanente por parte del gobierno local del principio de jerarquía que debe
regir un cuerpo como la Policía Local. Rey explicó que en algún caso se llega a
denunciar posibles casos de acoso laboral o moobing dentro de la Policía Local,
y de los que podrían ser responsable el gobierno municipal. Otros escritos
denuncian la existencia de destituciones de mandos intermedios, y venganzas por
denunciar hechos graves del funcionamiento interno de la policía que rozan el
abuso de poder.
Rey Varela también denunció que varios meses atrás, más de 800 expedientes de
la Policía Local fueron sacados del concello por una empresa de mudanzas, para
desalojar la antigua oficina de señalización, para proceder a la ampliación del
despacho de un concejal del gobierno, y que a día de hoy, esos expedientes
continúan en manos de dicha empresa de mudanzas, sin que hasta el momento, el
gobierno local se haya encargado de su custodia.