El servicio de mantenimiento de la autopista AP-9 y la autovía A57, dependiente de la empresa Valoriza, irá a la huelga, convocado por la CIG, los días 14,15 y 16 de abril por el despido de 12 trabajadores que, según denunció el secretario comarcal de CIG-Construcción de Pontevedra, Xaquín Agulla, atribuyen a la “euforia” por la victoria del Partido Popular en las pasadas elecciones autonómicas.
Agulla explicó que la propia empresa reconoce en las cartas de despido de los empleados que la ley autonómica de prevención de incendios del año 2007 les obligaba a prestar un servicio y mantener una plantilla que ahora, destacó, parece “innecesaria” tras la victoria del PP en las últimas elecciones autonómicas. Así, subrayó que “no es una justificación” ya que la ley sigue vigente y se desconoce si el gobierno entrante en la Xunta de Galicia decidirá su derogación aunque, según Agulla, de hacerlo cometerían una “temeridad”.
Del mismo modo, reconoció que el hecho de que los despidos se produjeran el día 5 de marzo confirma que tiene una relación “causa-efecto” con el resultado de las elecciones.
Agulla señaló que presentaron una denuncia ante el Juzgado de lo Social para reclamar que los despidos sean considerados “nulos” al tratarse, según indicó, de un “despido colectivo” por superar los 10 empleados. Así, explicó que lo que pretenden, tanto con la denuncia como con las tres jornadas de huelga es la readmisión de los 12 trabajadores.
Por otra parte, el secretario comarcal de CIG-Construcción de Pontevedra acusó a la empresa Valoriza de “cinismo total” por solicitar a la Subdelegación de Gobierno que reconozca la necesidad de mantener unos servicios mínimos del 80% de la plantilla los tres días de huelga. Así, Agulla explicó que si durante la Semana Santa, que son días de “gran afluencia” de turismos en las carreteras, sólo tres trabajadores permanecerán en cada centro de trabajo para desempeñar un servicio de retén telefónico, pretender que los tres días de parada laboral el 80% de la plantilla permanezca en sus puestos de trabajo es una cuestión “abusiva” y de “cinismo tremendo” por parte de la empresa, matizó. Agulla, confió en que la Subdelegación de Gobierno no acceda a la petición de la empresa.