El Gobierno central ha aprobado el Estudio Estratégico Ambiental del
Litoral, que define como zonas aptas para la ubicación de parques eólicos
marinos los territorios gallegos fronterizos con Asturias y Portugal. En el mapa
dibujado por los ejecutivo estatal se contempla una parte importante del litoral
gallego como zona con condicionantes para la instalación de los generadores,
aunque también son importantes las zonas de exclusión. La Costa da Morte, buena
parte de las Rías Baixas y algunos puntos entre Ferrolterra y Ortegal cierran
las puertas a estos parques eólicos.
Lo han establecido así dos ministerios, el de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino y el de Industria Turismo y Comercio, que trabajan en este asunto. El
objetivo del estudio es determinar la zonas de dominio público
marítimo-terrestre que, a efectos ambientales, reúnen las condiciones favorables
para ubicar estas instalaciones eólicas marinas, según el criterio aplicado por
el ejecutivo central.
Este 'mapa del litoral' es, afirman, un mecanismo preventivo de protección
del medio ambiente frente a un futuro despliegue de parques eólicos en el medio
marino. Esto significa que una vez publicado, las solicitudes de reserva de zona
de los promotores de estas instalaciones sólo podrán realizarse en las zonas
declaradas aptas.
A partir de la aprobación del estudio se abren las puertas al despliegue de
la tecnología eólica marina en España, una de las fórmulas con las que el
Gobierno central apuesta por las energías renovables en un país que ocupa el
tercer puesto del ranking mundial de potencia eólica instalada, toda ella
terrestre.
CONCURRENCIA
El Real Decreto 1028/2007 regula la autorización de los parques eólicos
marinos y establece un procedimiento de concurrencia para las instalaciones
marinas de potencia superior a 50 megavatios. Cuando el promotor realice una
solicitud para la implantación de un parque eólico en una zona determinada, se
realizará la apertura de un procedimiento de concurrencia para esa área
concreta.
A partir de ahí, un comité de valoración formado por representantes de los
órganos administrativos afectados evaluará las solicitudes y elegirá una de
ellas, que obtendrá una reserva de zona para realizar los estudios pertinentes y
presentar la solicitud de autorización administrativa durante un plazo de dos
años.
Al concluir este periodo, el solicitante presentará el proyecto para la
autorización administrativa por la Dirección General de Política Energética y
Minas. También interviene la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar y la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Entre ambas,
tramitarán la concesión del dominio público marítimo terrestre y la evaluación
de impacto ambiental, respectivamente.