El grupo municipal del PP de A Coruña ha vuelto a reclamar al alcalde Javier Losada que “asuma sus responsabilidades” en el caso de la turista salmantina que falleció el pasado mes al ceder una barandilla del Paseo Marítimo en la zona de Os Pelamios, toda vez que el informe de la policía científica ha desvelado que fue el mal estado de los tornillos que la sujetaban al suelo, que estaban oxidados, lo que provocó el suceso.
En un comunicado, los populares piden al regidor que adopte las “medidas oportunas” para garantizar que “sucesos como el de Os Pelamios no vuelvan a ocurrir”. Denuncian que Losada ha descartado las iniciativas propuestas por el PP para realizar un diagnóstico en profundidad del estado y mantenimiento de las infraestructuras municipales y evaluar las quejas presentadas por los ciudadanos al respecto.
El grupo de oposición municipal reitera la necesidad de elaborar un estudio sobre el tema y constituir una comisión de trabajo que elabore un plan de mantenimiento preventivo para las dotaciones y mobiliario urbano de la ciudad que permita “abandonar la improvisación” e “incrementar la seguridad”.
Por otro lado, el abogado de la familia de la mujer fallecida ha confirmado hoy a una radio local que solicitará al juzgado que instruye la causa que cite a declarar como imputado al concejal responsable de Infraestructuras, Esteban Lareo, ya que según el informe de la policía científica el único motivo para que la valla cediera fue el mal estado de los tornillos y, a juicio del abogado, existió “dejadez” por parte de los responsables municipales.
El letrado estudia ahora pedir responsabilidades a otros cargos del ayuntamiento que pudieran tener competencias sobre lo sucedido. Los imputados podrían hacer frente a un delito por imprudencia con resultado de muerte.
Ante este relato, el acusado argumentó que entró en la vivienda con el consentimiento de la víctima y que una vez en su interior, “empezó a darse cabezazos contra la pared y puñetazos a sí misma”, agresiones con las que según su declaración “pretendía justificar la demanda de malos tratos que iba a presentar”, y que huyó del lugar al escuchar el timbre de la puerta “porque tenía miedo de que fueran sus amigos” a los que achacó ciertas conductas violentas.
La Fiscalía solicita para él casi 35 años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa, un delito continuado de agresión sexual y un delito por malos tratos físicos y psíquicos continuados, unas penas que la acusación particular eleva a 38 años de prisión, mientras la defensa pide la absolución porque el acusado asegura que la declaración de la mujer se basa en mentiras.
Además de las penas de prisión, el Ministerio solicita que el Tribunal prohíba al acusado acercarse a la víctima por espacio de 27 años y que la indemnice con cerca de 21.000 euros por las secuelas y los daños físicos y psíquicos que le causó.