LITORAL
Espinosa se compromete a buscar "soluciones" para las poblaciones afectadas por los deslindes de la Ley de Costas
La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, manifestó en el Congreso su voluntad de buscar "soluciones" para resolver el problema de la inestabilidad jurídica en la que se encuentran los núcleos poblacionales afectados por el deslinde de la Ley de Costas, y en particular de los asentamientos gallegos como los de la zona de Marín.
La representante de la Administración central compareció en la Cámara Baja a petición del BNG, quien instó al Gobierno central a abrir un proceso de diálogo con la Xunta y los concellos para resolver la situación de poblaciones como Loira, Aguete, Teoira, Casás o Mogor, ubicadas en el concello de Marín, además de otros núcleos asentados en la costa coruñesa.
Espinosa hizo hincapié en que su departamento mantiene ya reuniones con ayuntamientos y asociaciones de afectados, como la celebrada la pasada semana con representantes del concello pontevedrés para estudiar cada caso. La voluntad del Ejecutivo, destacó, es encontrar "las soluciones más acertadas y adecuadas" en la aplicación de la normativa estatal, cuya finalidad es "proteger el litoral".
La diputada nacionalista Olaia Fernández Davila instó al Ejecutivo central a retirar la decisión aprobada en el Consejo de Ministros por la cual el Gobierno recurrirá la disposición adicional segunda de la Lei de Vivenda ante el Tribunal Constitucional. A este respecto, Espinosa explicó que esta medida se acordó por entender que la norma gallega podría "vulnerar" competencias estatales.
Por su parte, el BNG recordó que los asentamientos gallegos afectados por la decisión del Ejecutivo son enclaves "tradicionales", ligados a actividades pesqueras, alejadas de prácticas urbanísticas "especulativas". Así, Davila explicó que Loira, Teoira, Casás y Aguete tienen su origen en la industria de la salazón asentada en Marín en el siglo XII, mientras que Mogor fue construido por la Administración en 1963, por lo que se trata de núcleos anteriores a las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de Marín aprobadas en 1978 y a la Ley de Costas de 1988.
Así las cosas, el Bloque insiste en que la solución que plantea la Lei de Vivenda fija una "salida legal" para los núcleos preexistentes de carácter tradicional afectados por un "error de clasificación urbanística", que atribuye a la Administración local.
Espinosa explicó que en esta zona de servidumbre de protección, los propietarios conservan sus viviendas tal y como están, pudiendo realizar obras de reparación, conservación y mejora, con la única limitación de "no incrementar" el volumen de las edificaciones y de contar con las preceptivas licencias.