DENUNCIA

El juez archiva las diligencias previas del caso de la autovía del Barbanza

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago acordó el archivo de las diligencias previas del caso de la autovía del Barbanza "al no resultar las conductas denunciadas e investigadas constitutivas de delito alguno". La decisión judicial es el resultado de la admisión a trámite, el 18 de febrero del pasado año 2008, de la querella presentada por el PPdeG con motivo de la supuesta prevaricación en la adjudicación de las obras de la Autovía do Barbanza, efectuada por la Xunta dos años antes, en febrero de 2006.

En la resolución judicial difundida se recoge que la actuación administrativa "puede resultar chocante y sorprendente" porque la obra ya estaba contratada en un concurso público y se gastaron después "30.000 euros del contribuyente para que en contratación directa a otra empresa se le pida otra evaluación". También señala que la oferta escogida va a resultar "más cara y con más inconvenientes en su realización" pero que, pese a todo ello, "debe entenderse que no es una actuación prevaricadora".

Eso se debe a que "no alcanza aquellos calificativos que exige la jurisprudencia", ya que la Ley de Contratos del Estado permite a la mesa de contratación solicitar los informes que crea necesario y, además, no es este órgano quien realiza la adjudicación sino el conselleiro o el secretario xeral, "quienes además no se ven vinculados por el informe de la mesa sobre la propuesta de adjudicación a una empresa en concreto, por lo que esta no podría en principio prevaricar".

Sí podría cometer un delito de falsedad, añaden, pero "no se ven ni siquiera indicios de ella". De hecho, el juez señala que "las actas se puede decir que son casi impecables, y de hecho ni siquiera el querellante hizo mención a ese delito en su querella inicial". Los argumentos que el denunciante incluía para justificar la acusación de falsedad están, en opinión del magistrado, "huérfanos de trascendencia penal" y son insustanciales, irrelevantes e inocuos.

En relación a los otros delitos que figuran en la denuncia del PP -maquinación para alterar el precio de las cosas, fraude y negociaciones prohibidas a los funcionarios-, el dictamen judicial recoge que "no existe atisbo alguno en todo el procedimiento".

Desde el grupo socialista, el portavoz de Infraestructuras, Pablo López Vidal espera que "o PP asuma a resolución coma sempre anuncia, e demostre que confía na Xustiza, algo que o grupo socialista sempre respectou". En su opinión, el dictamen "é o recoñecemento da correcta adxudicación da Autovía do Barbanza", censurando al PP por "determinados comportamentos mezquinos que retratan moi ben a quen os utiliza".

INFORME FIRMADO POR AGUSTÍN HERNÁNDEZ

Asimismo, insiste en que "o PP debería asumir ao seu mais alto nivel, xa que a causa foi presentada por Luis Barcenas en representación do PP e o informe que deu pe a esta quérella foi asinado polo actual conselleiro de Medio Ambiente e Infraestruturas Agustin Hernández, informe que foi presentado en contra dos funcionarios da consellería que hoxe dirixe".

Por su parte, la portavoz y secretaria de Coordinación, Acción Electoral y Política Municipal del PSdeG, Mar Barcón, afirma que "unha vez máis cae como un castillo de naipes o intento do PP de xudicializar a vida política". "O tempo fai xustiza e agora queda clara a transparencia e o rigor na contratación da autovía e que o Goberno de Emilio Pérez Touriño só cumpriu cos cidadáns e respondeu ás necesidades dunha zona que foi relegada durante anos polos gobernos do PP", afirmó, defendiendo que la seguridad vial fue siempre una prioridad del anterior gobierno.

ANTECEDENTES

La Fiscalía Superior de Galicia ya había considerado que no existían indicios de delito en la adjudicación de las obras de la Autovía de O Barbanza y, por tanto, había solicitado en mayo de 2008 del titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Santiago el sobreseimiento libre de la causa abierta contra cuatro altos cargos de la Consellería de Política Territorial, a quienes se imputaba la comisión de sendos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

A raíz de una denuncia presentada por el Partido Popular, llegaron a declarar en sede judicial dos directores generales, un subdirector general y una jefa de servicio de la consellería. Los hechos que motivaron la querella se remontan a febrero de 2005, cuando la Xunta adjudicó los trabajos de desdoblamiento de la actual vía rápida de O Barbanza para su conversión en autovía. Según la denuncia, los cuatro altos cargos integrantes de la mesa de contratación, habrían propuesto la adjudicación de las citadas obras a una empresa que, en un primer informe emitido por una sociedad de evaluación independiente, no era la más adecuada para la ejecución de esos trabajos.