Con críticas de PSdeG y BNG a lo que califican como intento del PPdeG de limitar la capacidad de control parlamentario, la preparación del primer pleno ordinario de la VIII Legislatura de la Cámara gallega tuvo entre sus ejes a la figura del conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agustín Hernández. El BNG centrará en él su pregunta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mientras que el PSdeG se interesó por la resolución del expediente que tiene abierto en la Consellería de Presidencia. Eso sí, su petición de comparecencia del titular de Presidencia, Alfonso Rueda, al respecto no fue aceptada finalmente.
El portavoz del grupo parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, insistió en pedir el cese de Hernández y reclamó a Feijóo que se "decate da gravedade" de la situación. De hecho, subrayó que, en caso contrario, será el propio Feijóo "quen empece a carecer deses mínimos de honorabilidade esixibles a quen ostenta o cargo de presidente da Xunta", lamentando que se esté dando "patente de corso" al conselleiro para "incumplir a lei" y que "non pase nada".
Por su parte, el portavoz socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, avanzó que presentarán una batería de iniciativas al respecto, acusando a Feijóo de "xustificar o inxustificable" en relación a la certificación por parte de Hernández de una obra en Salvaterra de Miño que no estaba iniciada y que carecía de permisos. "O presidente da Xunta está comprometendo gravemente a súa figura cando avala práticas deste tipo", señaló Leiceaga.
Entre las iniciativas que promoverán, pedirán a Facenda que vele por el cumplimiento de la ley en las contrataciones públicas y solicitarán que el Consello de Contas pueda investigar si este tipo de prácticas son habituales en la Diputación de Pontevedra. En relación a esto, Leiceaga aprovechó para defender a su compañera de grupo, María José Caride -cuya dimisión reclama el PPdeG por el caso de la autovía do Barbanza-, indicando que es "inaudita" dicha petición cuando el juez archivó las diligencias y los exoneró de culpa.
Asimismo, los socialistas juegan con el carácter abierto de la pregunta que formularán a Feijóo: "Cales son as medidas que de xeito urxente ten previsto adoptar o presidente da Xunta en relación coa actual coxuntura?". La pregunta la hará el líder del PSdeG y presidente del grupo parlamentario, Manuel Vázquez -en un práctica que se realizará "con regularidade", según confírmó Leiceaga-, que podrá orientarla política o económicamente en función de las circunstancias.
Tanto BNG como PSdeG se interesarán en la sesión plenaria de los días 12 y 13 de mayo por el posible incumplimiento de la ley de paridad por parte del nuevo Ejecutivo de la Xunta. Lo harán a través de una pregunta oral (en el caso del BNG) y de una interpelación (en el del PSdeG). Al respecto, Leiceaga añadió que la interpelación no cierra opciones a otras vías de actuación sobre el tema, aludiendo a una decisión del Defensor del Pueblo vasco en la que rechazó una situación similar en la Cámara de Euskadi.
La situación económica será otro de los ejes de la sesión, con propuestas de todos los grupos. El PPdeG formulará una pregunta sobre las medidas para facilitar liquidez a las familias; el BNG se interesará por el futuro de la Fábrica de Armas de A Coruña y el mantenimiento de los puestos de trabajo; y el PSdeG realizará sendas preguntas sobre la reforma del IRPF y las prometidas ayudas al sector del automóvil. Los socialistas también presentan una interpelación sobre el sistema de financiación autonómica, con la que intentan que Feijóo explique la posición que adoptará en la negociación.
COMPARECENCIA DE PILAR FARJAS
En el pleno habrá una sola comparecencia: la de la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, para explicar las medidas adoptadas en torno a la gripe AH1N1. Comparece a petición del grupo del PPdeG, a la que se acumula la del PSdeG, cuyo portavoz destacó la necesidad de activar protocolos en previsión de la llegada en los próximos meses de numerosos emigrantes residentes en México para pasar el verano en localidades gallegas. Las comparecencias que no fueron admitidas fueron las de Alfonso Rueda y la de la titular de Traballo, Beatriz Mato, solicitadas por el grupo socialista.
También se debatirá una inicitiva legislativa popular (ILP), la de la Red Madre, que busca dar apoyo de la mujer embarazada y que está promovida por el Foro de la Familia. No salió adelante, en cambio, la propuesta del BNG de debatir en dicho pleno la ILP contra el denominado plus de altos cargos, que Aymerich confía sea incluida en breve. En el camino se quedó también --la presentarán para el siguiente pleno-- la interpelación del PSdeG sobre el mercado de trabajo.
Otros temas incluidos en el orden del día son la sustitución de Pedro Puy en el Consello de Contas, la creación de la comisión no legislativa de asuntos europeos, el endurecimiento de las penas por omisión de socorro en delitos de atropello (PPdeG), la puesta en servicio del AVE (PPdeG), la oposición a los parques eólicos marinos (BNG) o la situación de los núcleos del litoral afectados por el recurso contra la Lei de Vivenda de Galicia (BNG).
POLÉMICA POR EL REPARTO ENTRE GRUPOS
La reunión de la junta de portavoces generó de nuevo un marcado debate sobre el reparto en los plenos de la posibilidad de presentar proposiciones no de ley e interpelaciones. Carlos Aymerich criticó la actitud de la presidenta de la Cámara -a la que calificó de "delegada do Goberno no Parlamento"- y del grupo popular por intentar "limitar a capacidade de control do BNG". Así, mostró su preocupación de que la situación sea "pior" que con los gobiernos de Fraga y recordó que en la anterior legislatura (con el bipartito) había igualdad entre los grupos.
Desde el PSdeG, Leiceaga calificó la actitud de la presidencia de la Cámara como "primeiro acto que amosa a verdadeira faciana do PP nesta nova fase", acusándolos de tener intención de "desinflar o Parlamento" aplicando "criterios estremadamente ríxidos" que dejan "anémico" el orden del día del pleno. Así, criticó que el PP pretenda "desinflar o Parlamento e convertilo en algo inoperante ao servizo da estratexia do PP".
Frente a esto, el portavoz del grupo parlamentario del PPdeG, Manuel Ruiz Rivas, defendió que "a expensas de que os grupos poidamos chegar a un acordo futuro" -acuerdo en el que se mostró confiado-, se había decidido aplicar el reglamento para el actual período de sesiones, que finaliza en junio. "O novo grupo está disposto a que o Goberno de Feijóo teña un control superior ao que tivo Touriño", defendió, aunque puntualizando que existe una proporcionalidad entre los grupos, ya que el PPdeG tiene 38 diputados, el PSdeG 25 y el BNG 12.