La junta de accionistas de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) designó presidente de la sociedad a Luis Lamas, tal y como había adelantado el Confidencial de Galicia Diario. La reunión sirvió también para nombrar a los seis nuevos consejeros elegidos por la Xunta para representarla en el consejo de administración de la entidad, formado por un total de once miembros.
La empresa mixta está participada en un 51% por la Administración autonómica y en un 49% por Unión Fenosa. Los nuevos consejeros que representarán al Gobierno gallego son Luis Alberto Lamas Novo, Justo de Benito Basanta, Javier Bobe Vázquez, Eugenio García Lalinde, Francisco Conde López, y Ángel Bernardo Tahoces.
La eléctrica, por su parte, no ha cambiado a ninguno de sus cinco representantes. Así, se mantienen en su cargo Luis Díaz, Elías Velasco, José Antonio García Merino y José Antonio Paredes.
A continuación, el nuevo consejo de administración se reunió con el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, quien informó del inicio de la auditoría ambiental, administrativa y legal que se está realizando en la sociedad desde finales de abril. El estudio fue encargado a la consultora Idom, que tendrá dos meses y medio de plazo para presentar las conclusiones.
Hernández precisó que el objetivo último de la Xunta consiste en que la entidad retorne lo antes posible a la normalidad, "logo dunha época na que a xestión da planta se viu ensombrecida por unha serie de denuncias e conflitos laborais que é necesario aclarar de inmediato".
El conselleiro se mostró convencido de que “nesta nova etapa", la entidad volverá a centrarse "en exclusiva" en su función, que consiste en "xestionar de xeito eficaz os residuos sólidos da nosa comunidade". Para lograr esta meta, el conselleiro indicó que "debemos coñecer a situación real de partida" de la entidad creada en 1992.
El Ejecutivo de Núñez Feijóo ordenó la realización de la auditoría a Sogama con el fin de estudiar la situación de la planta del concello coruñés de Cerceda. Esta decisión llegó tras la demanda judicial presentada por los responsables del Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases (Sigre) contra Sogama y Danigal por acumular los residuos farmacológicos de forma incontrolada en el vertedero, cuando el acuerdo estipulaba su aprovechamiento energético en la planta, una vez Danigal hubiese separado los residuos. De este modo, el Gobierno gallego pretende conocer el alcance de las supuestas "irregularidades" en la gestión de los residuos para emprender las medidas "correctoras" necesarias.