El Servizo Galego de Saúde indemnizará con 93.000 euros a una mujer vecina de Baixo Miño (Pontevedra) por los daños y perjuicios ocasionados por la asistencia sanitaria recibida como consecuencia de un parto en el hospital Xeral Cíes de Vigo en el año 2006, según informan desde la asociación El Defensor del Paciente, cuyos servicios jurídicos llegaron a un acuerdo con la institución sanitaria.
Tras la cesárea practicada, la mujer permaneció en observación, donde se le administraron antibióticos e hierro pero donde no se le habría practicado ninguna otra prueba para detectar el origen de una infección de la herida quirúrgica. Pasados 10 días de la cesárea, la mujer presentaba una grave infección, por lo que tuvo que ser intervenida.
Según señalan desde El Defensor del Paciente, "no se recabó el consentimiento informado de la paciente" para practicarle la histerectomía, por lo que alegan que "se han rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social".
Como consecuencia de la intervención, continúan, la paciente "sufrió la pérdida de su aparato reproductor y padeció un trastorno ansioso depresivo" por el que estuvo de baja varios meses. El abogado de la organización argumentó que "hubo falta de aplicación del tratamiento adecuado en el tiempo adecuado", argumentación que fue acogida por la Inspección médica del Sergas de Vigo.
El abogado de la asociación, Cipriano Castreje, reprochó a los facultativos del servicio de ginecología del hospital Xeral que no tuvieran en cuenta los signos y síntomas que presentaba la paciente tras la cesárea, y que persistieron durante 10 días, así como el que no relacionaran esos datos con una infección abdominal o pélvica y aplicasen los medios diagnósticos "demasiado tarde", por lo que el daño "pudo haber sido evitado".