PARLAMENTO

Los grupos acuerdan por unanimidad reclamar al Gobierno los fondos adicionales para dependencia

Los tres grupos políticos con representación en el Parlamento de Galicia aprobaron por unanimidad una proposición no de ley -impulsada por el BNG y transaccionada para incorporar una enmienda del PP- con la que según el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, se pretende “apoiar ao goberno galego para que reclame ante o goberno central os cartos comprometidos para a Lei de Dependencia”.

En la proposición aprobada se insta a la Xunta a exigir al Ejecutivo estatal la transferencia a Galicia de 80 millones de euros adicionales, comprometidos en un protocolo firmado entre el anterior gobierno autonómico y lo que hoy sería el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales.

Por otro lado, también se pide a la Xunta que “execute” las acciones y programas relacionados con dependencia que se financiarán con cargo al fondo de 400 millones que el Estado destina a actuaciones en materia de políticas sociales dentro del PlanE, y en el que a Galicia le corresponden 32 millones.

Aymerich resaltó que en esta cuestión hai “certa urxencia” ya que todos los proyectos deberán estar ejecutados a 31 de diciembre de 2009 para poder ser certificados ante el Gobierno central en el primer trimestre de 2010 o de lo contrario “perderánse os cartos”.

El nacionalista apuntó que el bipartito ya dejó formalizado el convenio necesario para recibir estos fondos e identificados los destinos de los mismos. “O actual goberno pódeo cambiar, pero se o quere facer, que o faga rápido” puntualizó.

Tras negociar la enmienda del Partido Popular, el texto final de la proposición aprobada también incluye reclamar al Gobierno español que transfiera a Galicia un total de 440 millones de euros en 2010 para desarrollar la Ley de Dependencia, tal y como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, solicitó al líder del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero en su reunión del lunes en Madrid.

La propuesta también apunta la necesidad de que se apruebe un sistema de finaciación “estable” para la Ley de Dependencia, de manera que los fondos transferidos cada año no dependan de la negociación que se lleve a cabo en cada ejercicio.

DISCREPANCIAS

A pesar de la unanimidad en la votación final, la discusión de la proposición dejó algunas discrepancias y críticas entre los grupos. Así, el portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, se opuso a que el texto hablase de “continuar as actuacións iniciadas polo bipartito” al considerar que lo único que hizo el gobierno anterior fue “poñer por escrito as actuacións e formalizalo co Goberno central”. “O que hai que pedir é que se leve a cabo a execución desa planificación, non que se continúe unha actuación que non se comezou, porque ata agora non se iniciou nada” afirmó el popular.

Tras esta intervención, Aymerich ironizó con la “alerxia aos papeis” de Rodríguez Miranda, y apuntó que “cando se asina algo hai un traballo detrás, moitas veces o máis difícil, polo que dicir que o goberno anterior non fixo nada non é certo”. “O que queremos é que agora vostedes executen, gobernen e actúen” dijo a los populares el diputado del BNG, que defendió que su formación “si gusta dos papeis” porque “as formas son garantía do fondo das cuestións”.

Desde el grupo del PSdeG, la diputada Beatriz Sestayo, acusó a Rodríguez Miranda de haber hecho un “discurso de excusas”, y subrayó que en el tema de las inversiones “o importante, ademais de obtelas, é saber como xestionalas”.

“A financiación é para algo, para desenvolver políticas, por favor, definan cales son as súas” reclamó la socialista, que afirmó que la Ley de Dependencia es para la actual Xunta de Galicia “un absoluto enigma, e descoñecen os mínimos elementos para desenvolvela”.

También hubo discrepancias respecto a las cifras. Rodríguez Miranda señaló que tras leer repetidamente el protocolo firmado por el bipartito y el Ministerio “non fun quen de atopar ese compromiso de 80 millóns” que reclaman los nacionalistas.

El portavoz del BNG explicó al popular que esa financiación adicional se obtiene de un cálculo aclarado entre Ministerio y Gobierno autonómico, y que la propia ministra ratificó tras la firma del protocolo que a Galicia le correspondían 100 millones suplementarios, de los que 20 millones ya fueron percibidos en 2008, y los 80 restantes corresponden a los que deben ser reclamados este año. Cifra que, según Aymerich, “coincide precisamente co burato orzamentario atopado pola directora xeral Susana Abella en materia de Benestar”.