Zelaya advierte de que el golpe de Estado "es un retroceso para América"
El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, afirmó hoy que regresará a su
país tras el ultimátum de 72 horas impuesto por la OEA para su restitución y
dijo que si los militares "quieren ejecutarme o asesinarme, pues que el pueblo
los juzgue".
Voy a regresar a Honduras, yo soy el presidente", dijo Zelaya al concluir una
rueda de prensa organizada tras el 37 período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Zelaya
explicó que esperará a que venza el ultimátum de 72 horas para "continuar con
este proceso" y para no entorpecer los esfuerzos diplomáticos para resolver la
crisis, aunque no precisó fecha.
Horas antes, el depuesto presidente había
indicado que regresaría a Honduras en compañía del secretario general de la OEA,
José Miguel Insulza, y de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de
Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Zelaya tiene previsto viajar a la
toma de posesión hoy del presidente electo de Panamá, Ricardo Martinelli, y
continuar apoyando las gestiones de la OEA.
Tras casi doce horas de reunión
entre los embajadores y cancilleres, la Asamblea General adoptó una resolución
de cinco puntos que condena "enérgicamente" el golpe del domingo pasado, exige
la restitución "inmediata, segura e incondicional" de Zelaya -que reconoce como
único presidente constitucional - y rechaza al Gobierno formado por el nuevo
presidente, Roberto Micheletti.
Además, fija un plazo de 72 horas para que el
Gobierno de Micheletti acate la resolución o, de lo contrario, la OEA procederá
a aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a
Honduras del foro regional.
Esa suspensión, que sería la primera desde la de
Cuba en 1962, supondría el aislamiento diplomático del nuevo Gobierno, que
además no tendría acceso a créditos de las instituciones financieras
internacionales.
La resolución también pide que el secretario general de la
OEA inicie las gestiones diplomáticas para "restaurar la democracia y el Estado
de Derecho, y la restitución" de Zelaya. Por último, prorroga el 37 período
extraordinario hasta el próximo 6 de julio.
Al dirigirse a los asistentes al
encuentro, Zelaya describió de nuevo cómo los militares irrumpieron en su casa
para secuestrarlo, a punta de pistola, y expulsarlo del país.
El golpe de
Estado, dijo, es una "gran tragedia" y un "cruento, grosero retroceso para
América". Durante la sesión y en la rueda de prensa, Insulza respaldó públicamente y sin equívocos a Zelaya y afirmó que "no será a Honduras al que
suspendamos, sino a los usurpadores".
Sin embargo, contrario a lo que
prácticamente se daba como un hecho, Insulza no aclaró si finalmente viajará a
Honduras el próximo jueves para iniciar los contactos diplomáticos o si los hará
por vía telefónica.
Insulza reiteró que, en todo caso, su tarea no será
"negociar" con el nuevo Gobierno, sino ejercer presión para lograr la
restitución de Zelaya.
Preguntado sobre las acusaciones del nuevo
Gobierno sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico, Zelaya negó cualquier
vinculación con el tráfico de drogas y las calificó de "mentiras de los
usurpadores" del poder. "Si esta gente es capaz de romper la
Constitución...que no podrá hacer para justificarse", manifestó
Zelaya.
Insulza lo secundó. "Seamos serios, hay un problema de falta de
credibilidad", dijo, antes de recordar que la presunta carta de renuncia de
Zelaya había sido falsificada.
Por otra parte, Zelaya dejó entrever que no
desistirá de la idea de convocar una consulta popular para una eventual reforma
constitucional que le permita la reelección a un segundo mandato de cuatro
años.
La consulta popular fue lo que disparó la crisis del golpe, apoyado por
sectores políticos que se oponían por temor de que Zelaya buscase perpetuarse en
el poder. La consulta "es una opción jurídica y legal del pueblo...es un
proceso jurídico apoyado en Constitución y es un derecho ciudadano", enfatizó
Zelaya.
Preguntado sobre qué hará con los golpistas si regresa al poder,
Zelaya dijo que en su país existe un sistema jurídico y "el presidente no es
juez".