Los trabajadores de la empresa aceitera Bunge Ibérica se concentraron esta mañana ante el edificio administrativo de la Xunta de Monelos en A Coruña, para pedir la implicación del ejecutivo autonómico en el conflicto de la compañía. Reclaman que el presidente Alberto Núñez Feijóo u otro alto cargo de la administración gallega les reciban. No entienden que tras rechazar el informe de Inspección de Traballo el Expediente de Regulación de Empleo que afectaría a la totalidad de la plantilla, se permita a la empresa buscar otras alternativas al cierre de la fábrica, como el traslado de todos los trabajadores.
Denuncian que la empresa “se está pasando por el forro las leyes”, según palabras del delegado sindical José Luis Díaz, que insiste en que “si no había causas para cerrar, como dijo la autoridad laboral, tampoco debe haberlas para los traslados”.
Cerca de 70 personas se concentraron desde las 10 de la mañana ante la sede con el lema “Non ó peche, solución xa” y sostuvieron pancartas que emplazaban al presidente gallego a posicionarse, como “Feijóo ti que dis, móllate”. Quieren que la Xunta exija a los altos directivos de la empresa que intervengan en la negociación, ya que afirman que hasta ahora se ha producido a “un segundo nivel”, a través de intermediarios.
El delegado territorial en A Coruña, Diego Calvo, recibió a los delegados sindicales esta mañana y se comprometió a ponerse en contacto con la dirección de la empresa para que expliquen a la Xunta, entre otras cosas, por qué rechazan ahora la alternativa de adquirir terrenos en el Puerto Exterior de A Coruña para implantar una nueva factoría, opción que se contempló en un principio.
Aclaración que los trabajadores de Bunge intentarán obtener también en la reunión prevista para el próximo lunes con la Autoridad Portuaria, que en su momento confirmó la solicitud de la aceitera por una parcela en el Puerto Exterior.
MORATORIA DE SEIS MESES PARA LOS TRASLADOS
El pasado viernes terminó el periodo de consultas, y los trabajadores esperan recibir la notificación de los traslados a las fábricas de Bilbao, Barcelona o Cartagena esta semana, “quizás hoy mismo”.
Cuentan, según informó el representante Juan Montes, con el compromiso del director xeral de Relacións Laborais, Odilo Martiñá, de que les ofrecerá una moratoria por el tiempo máximo legal permitido, 6 meses. Así, una vez reciban la notificación pedirán la suspensión cautelar de los traslados.
Montes incidía en que la situación a la que se ven sometidos los empleados, sin actividad en la fábrica desde febrero, “nos crea bastante trauma, a nosotros y a nuestras familias”. Afirmó que el mudarse a “otro país” implica muchas dificultades: “buscar trabajo a tu mujer, vender el piso y perder ahora un lote de dinero… tendríamos que buscar una solución más coherente”, subrayó.
Las negociaciones con la empresa se rompieron, según explicaron los representantes sindicales, ante la negativa de la empresa a readmitir a los cuatro trabajadores despedidos. Aseguran que no están justificados, ya que la empresa adoptó esta resolución como represalia ante un incidente en el que los trabajadores impidieron la entrada en las instalaciones al director de la fábrica, y "fueron sólo diez minutos, después entró”, explicó Díaz, que pidió la readmisión.