La organización de consumidores Facua ha denunciando ante la Comisión Nacional
de Competencia (CNC) irregularidades en el traspaso de "cientos de miles" de
clientes con derecho a tarifa a comercializadoras del mercado libre y estudia
denunciar al Ejecutivo ante Bruselas por permitirlo.
En declaraciones a Efe,
el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, recordó que estas prácticas ya han sido
puestas en cocimiento de la Dirección General de Política Energética y Minas,
así como de las autoridades autonómicas de consumo y del Instituto Nacional del
Consumo de Ministerio de Economía.
Según Facua, "cientos de miles" de
clientes que tenían contratado su suministro con distribuidoras independientes
han sido traspasados "unilateralmente" a compañías que operan en el mercado
libre, a pesar de que tienen derecho a acogerse a la única tarifa que desde el
pasado 1 de julio fija el Gobierno (conocida como TUR) por contar con potencias
instaladas inferiores a los 10 kilovatios (kW).
Actualmente, sólo están
autorizadas a suministrar electricidad a tarifa cinco compañías, denominadas
"comercializadoras de último recurso" (CUR) y que pertenecen a los grandes
grupos que operan en España (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, HC Energía y
E.ON).
Para poder acogerse a tarifa, lo usuarios deben contratar el
suministro con una CUR, que, a su vez, habrían rechazado a los clientes de
distribuidoras independientes, a pesar de que la ley les obliga a aceptarlos,
según la misma fuente.
Facua considera que los acuerdos "negociados" por
pequeñas distribuidoras con las grandes comercializadoras de mercado libre para
cederles sus clientes, así como el traspaso de usuarios a comercializadoras
creadas por las pequeñas distribuidoras, pueden "vulnerar" la Ley de Defensa de
la Competencia.
La asociación estima que se ha producido un "reparto de
mercado" que puede ser contrario a la competencia y a las reglas establecidas en
la normativa eléctrica y que podría causar perjuicios a los usuarios y a
potenciales competidores "que han sido colocados en situación
desventajosa".
Sánchez apuntó que estudian denunciar ante Bruselas al
Ministerio de Industria por permitir esta situación, que sería contraria a la
directivas europeas en materia eléctrica que establecen que ningún consumidor
puede ser discriminado.