El Informe Raxen 2009, elaborado por el Movimiento contra la Intolerancia,
recoge 350 hechos de intolerancia, xenofobia y racismo en España durante 2008,
así como un crecimiento de este tipo de incidentes en todo el país y con
especial intensidad en la Comunitat Valenciana, Madrid y Cataluña.
En la
presentación del estudio en Valencia, su director, Esteban Ibarra, ha destacado
el "preocupante" caso de la Comunitat Valenciana, donde se han registrado más de
80 casos de este tipo de violencia, por detrás de la Comunidad de Madrid, donde
hubo cerca de 60, y de Cataluña, con más de 40.
Junto a estas tres
autonomías, que aglutinaron el año pasado la mitad de los incidentes, el informe
detecta la emergencia de movimientos xenófobos y racistas en otras regiones que
hasta ahora no los habían registrado, como Andalucía, Baleares, Aragón, Castilla
y León y Murcia.
El estudio, que cumple una década y que respondía al
asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez en 1992, ha recogido desde ese año 80
asesinatos por motivos xenófobos o racistas, aunque Ibarra ha apuntado que
"quedan más como indigentes quemados por la noche y sin nombre", así como entre
3.000 y 4.000 agresiones en toda España.
Ibarra ha advertido del "desafío" de
esta violencia neofascista en España y Europa ante la mayor coordinación de
grupúsculos a través de Internet, y la "debilidad institucional" que les permite
organizarse y manifestarse desde los estadios de fútbol y conciertos de música,
como los veintidós localizados durante 2008.
"Con este informe queremos
superar esa imagen fragmentada que aparece en los medios de comunicación para
demostrar que no son hechos puntuales, sino una ola de xenofobia importante que
si aquí no ha llegado al Congreso como partido político es porque el movimiento
está todavía muy dividido", ha denunciado.
Según Ibarra, en las más de 200
webs que recogen propaganda neofascista en España se atisban los primeros
proyectos políticos, como uno llamado "Iniciativa Unidad", así como ataques
coordinados como "un juego para matar" al propio representante de Movimiento
contra la Intolerancia, que se produjo después de un juicio a "skin heads" y que
ha denunciado ante la Fiscalía de Madrid.
En cuanto a la acción
institucional, Ibarra ha señalado que "el espíritu para combatir" esta violencia
existe pero "falta su aplicación" al no existir un registro institucional, una
tipificación del delito por odio, una aplicación de la ley con "rigor" y una
protección de las víctimas al mismo nivel que las del terrorismo.
Unidades
especiales de policía y una Fiscalía específica que persigan este tipo de
violencia serían, según Ibarra, las medidas institucionales "necesarias" para
"aprovechar el retraso con el que cuenta España, porque todavía no hay
movimiento político consolidado", como en otros países europeos.
Asimismo, ha explicado la "gravedad" de los casos de la Comunitat por el
"residuo antidemocrático latente" de la transición democrática de esta
autonomía, la "falta de reacción institucional" y la "impunidad policial" con la
que cuentan delitos de grupos neofascistas, según ha denunciado ante la
Delegación del Gobierno.
Pese a este escenario, Ibarra ha reconocido "el paso
serio" que ha dado la Fiscalía de Valencia al permitir a las víctimas de este
tipo de violencia denunciar sin precisar su domicilio, un requisito que frena el
número de recursos de este tipo por "miedo" a ser localizados y agredidos.
el "residuo
antidemocrático