La conselleira do Mar, Rosa Quintana, presentó el borrador de la modificación de la Lei de Pesca a al Consello Galego de Pesca (CGP), órgano asesor que tendrá que elaborar un dictamen antes del 1 de septiembre. El departamento de la Xunta se comprometió a llevar el texto al Parlamento para su debate en pleno en el próximo periodo de sesiones. Concretamente, Quintana afirmó que confía en "ter entregado o borrador o 16 de outubro" en la Cámara gallega, aunque el presidente de la Xunta, Alberto Núñez, manifestó tras la reunión semanal del Gobierno gallego que podría llegar a la Cámara en el mes de septiembre. En todo caso, desde Pesca afirman que el objetivo es que llegue cuando antes.
Tras anular la entrada en vigor de la norma diseñada por el bipartito poco después de tomar posesión, Quintana presentó hoy el nuevo proyecto que introduce "82 modificacións", con las que se otorga un mayor protagonismo a las cofradías --dotadas de lei propia--, que recuperan el régimen jurídico regulador existente con anterioridad a la promulgación de la Lei 11/2008 y se refuerza la seguridad jurídica de las concesiones de las bateas, modificando el cómputo del periodo concesional.
Y es que la norma elaborada por PSOE y BNG, que cosechó muchas críticas en el sector, contemplaba conceder estas explotaciones marisqueras mediante un concurso público y con un plazo de explotación de diez años, prorrogables por otros dos periodos de igual duración, de forma que al pasar 30 años la Xunta recuperaría la concesión. Aunque recordó que todavía no está acabado "o proceso de reorganización das bateas", Quintana garantizó la "permanencia da titularidade" de los concesionarios, siempre y cuando "non incorran nun motivo de caducidade" previstos en la ley, como el uso inadecuado del permiso de explotación. En este sentido, la conselleira insistió en que "o empresario que explote correctamente a súa batea" podrá seguir "invertindo neste proxecto con tranquilidade", al tener garantizado que seguirá siendo "o titular da explotación".
Pese a destacar que las modificaciones introducidas en la norma "non abarcan todo o que pretendiamos", aludiendo a limitaciones de carácter normativo, la titular de Mar insistió en que las cofradías recuperan "o seu réxime xurídico" como entidades colaboradoras de la Administración gallega.
En cuanto al Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, el Intecmar, éste seguirá siendo "un ente público", cuyo funcionamiento estará regulado por ley. Quintana incidió en que se trata de un órgano "eminentemente técnico" que se ocupa del control de la seguridad y sanidad de las aguas y "dos nosos productos" para que lleguen al consumidor final "en bo estado".
Otro de los aspectos del proyecto elaborado por el Gobierno del PPdeG son la regulación de la acuicultura y de las industrias de transformación, así como la reducción de la burocracia. "Entendemos que é un sector profesional que ten bastante con entender do seu, sen ter que mover cincuenta papeis", constató la titular de la cartera autonómica. En materia de acuicultura marina, se incorporará un nuevo procedimiento para otorgar nuevas concesiones en caso de extinción por vencimiento de plazo, más ágil y sencillo, y también presidido por los principios de objetividad, publicidad y concurrencia, según apunta la Xunta.
Además, el permiso de explotación será considerado "como un título habilitante para a pesca e o marisqueo". En el caso concreto de la pesca, esta licencia tendrá una validez "igual á vida útil" de la embarcación, siempre y cuando ésta reúna condiciones de flotabilidad y de seguridad. Según Feijóo, el denominado "permex" será obligatorio para cualquier persona que quiera dedicarse a una actividad extractiva. "Non pode ser calquera un profesional", apuntó. Estos permiso serán expedidos específicamente para artes o zonas determinadas y podrán ser estacionalmente alternantes.
Además de recoger la creación por ley del Consello Galego de Pesca como órgano asesor, Quintana precisó que el borrador contempla también la habilitación del Comité Científico como órgano asesor. Así, será el ente encargado de acreditar que las decisiones de la Consellería do Mar son "respetuosas co medio ambiente e coa economía".
En cuanto a su tramitación en la Cámara gallega, Quintana confió en que las modificaciones "serán ben acollidas" y defendió que para su elaboración se tuvieron en cuenta las "alegacións" que recibió el proyecto del bipartito, el dictamen del Consello Económico e Social y las propuestas que figuraban en el programa electoral del PP.
DEFENSA DE LA FLOTA
Otras de las cuestiones que se abordan en esta norma van desde la obligación de la Administración gallega de llevar a cabo la defensa de la flota gallega cuando faene en aguas que no sean de su competencia --con el fin de mantener su actividad y su nivel de pujanza y aportación al cómputo pesquero gallego-- así como mantener al Servizo de Gardacostas y al Intecmar con su propio marco jurídico, para evitar las complicaciones e ineficiencias que en opinión de la Xunta supondría su extinción como entes de derecho público.