ENERGÍA
Las eléctricas instan a un pacto de Estado para diseñar la política energética
El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Pedro Rivero, consideró
urgente e imprescindible que la política energética se decida en un pacto de
Estado que dote de una mayor estabilidad al sector para que éste pueda acceder
así a una financiación más barata que redundaría en beneficio del
consumidor.
En declaraciones a la prensa, Rivero, que participó en el XVIII
Observatorio Económico de la FAES centrado en energía, subrayó que ya se han
sentado las bases para lograr ese pacto con la creación de una subcomisión en el
Congreso para definir la estrategia energética de España para los próximos 25
años.
La creación de la subcomisión recibió el apoyo de todos los partidos,
recordó Rivero, que subrayó que hacía "mucho tiempo" que no había acuerdos por
unanimidad, "lo que demuestra que hay una necesidad compartida, tanto por el
Congreso como por nosotros".
Rivero pidió al Ejecutivo que aproveche la
subcomisión y que consulte al sector para que las decisiones sobre política
energética "nazcan ya con consenso y, a ser posible, se mantenga la
unanimidad". "Es necesario e imprescindible, y si no es factible lo pagaremos
entre todos", aseveró Rivero, que subrayó que ese consenso reforzaría la
confianza de bancos y cajas en el sector eléctrico, lo que les permitiría
obtener financiación más barata y a más largo plazo.
Esta situación
redundaría en beneficio del consumidor, al que las eléctricas podrían ofrecer
mejores precios. Durante su intervención en el Observatorio, el presidente de Unesa subrayó que
toda inversión que requiere financiación necesita una normativa estable y
predecible que evite que las decisiones cambien en función del partido que
gobierna.
En este sentido, explicó que, en los últimos años y a pesar de que
no existía moratoria nuclear, las compañías no han construido centrales
nucleares en España porque ningún "loco" las financiaría ante la falta de una
política energética que aclare el futuro de este tipo de energía.
"Sin
programación energética es imposible saber qué va a pasar con el activo a
financiar", recordó Rivero.
Durante la celebración del Observatorio, el ex
presidente de Endesa y diputado del PP Manuel Pizarro coincidió en señalar que
habría que elevar la política energética a pacto de Estado para que las
inversiones no se vean afectadas por los cambios de Gobierno.
Respecto a la
central nuclear de Garoña, Pizarro consideró que es un error cerrar
emplazamientos que han sido "pacíficamente" asumidos por los ciudadanos y
destacó que, en todos los sectores, las cuentas de resultados de las compañías
imponen la "racionalidad" que en ocasiones falta a los políticos.
El profesor
Roberto Centeno aseguró que el cierre de la central burgalesa costará a los
usuarios unos 285 millones de euros al año, cantidad que se duplicará si los
precios del gas retornan a los niveles de hace un año.
Añadió que el coste de
cerrar todas las centrales nucleares que actualmente operan en España sería de
entre 3.600 y 5.700 millones de euros, según los precios de la energía, con lo
que la factura de la luz se elevaría entre el 14 y el 23 por ciento, algo
"inasumible" para muchas familias.
Centeno aseguró que sin la moratoria
nuclear aprobada por el Gobierno de Felipe González, España contaría en la
actualidad con 195.000 millones de kilovatios hora al año procedentes de
centrales nucleares que permitirían un ahorro de 8.300 millones de euros al año
al tratarse de una energía más barata.
El vicepresidente de Unión Fenosa,
Honorato López Isla, dijo que si se hubieran hecho todas las centrales previstas
entonces "nos las habríamos tenido que tragar por el precio del dinero", aunque
abogó por mantener este tipo de energía, sobre todo para poder permitir el
desarrollo y uso de las fuentes renovables.