REFORMA

El aborto bloquea al CGPJ, que por primera vez no logra aprobar un dictamen

El debate sobre el anteproyecto del Gobierno sobre la Ley del Aborto se ha bloqueado en el Consejo del Poder Judicial (CGPJ), que no ha conseguido aprobar un informe, por lo que por primera vez en la historia el órgano de gobierno de los jueces no emite un dictámen sobre una reforma legislativa.

Durante la reunión del Pleno, el Consejo ha votado el informe aprobado por la Comisión de Estudios, que veía oportuno que los padres fueran informados de que sus hijas menores iban a abortar, y no ha logrado una mayoría suficiente para su aprobación (12 votos), ya que se ha registrado un empate a diez votos, a favor (los vocales propuestos por el PSOE y PNV) y en contra (los del PP y el presidente) y una abstención, la del vocal Ramón Camp, propuesto por CiU.

Tampoco ha recibido el respaldo suficiente otro texto (contrario al texto del Ejecutivo y discrepante con el de la Comisión de Estudios), presentado por el vocal conservador Claro José Fernández, ya que ha recibido diez apoyos (los consejeros conservadores) y once en contra (los del PSOE, PNV y CiU).
Los vocales han analizado la posibilidad de hacer un tercer informe, que se ha descartado, según ha explicado la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, teniendo en cuenta que ya se habían pedido dos prórrogas al Gobierno del plazo previsto para emitirlo y porque "pese a los grandes esfuerzos y trabajos, no se ha conseguido consensuar" un texto.
"El Consejo no va a emitir ningún informe", ha explicado Bravo, quien ha reconocido que "la ley del aborto ha generado polémica, discusión doctrinal y posiciones encontradas" en la sociedad y en el seno del órgano de gobierno de los jueces.
La portavoz ha señalado que el Consejo "ha desarrollado un trabajo técnico y como órgano consultivo ha procurado hacer un informe que sirviera para mejorar el texto legal, pero tras el debate correspondiente no se han conseguido consensuar voluntades suficientes para poder sacar el informe adelante".
Ante esta situación, el Consejo del Poder Judicial tendrá que comunicar al Gobierno que no emitirá su opinión sobre la reforma de la ley del aborto, que continuará su tramitación sin el preceptivo, pero no vinculante informe judicial.
El informe de la Comisión de Estudios, cuya ponente fue la vocal Margarita Uría, avalaba la constitucionalidad del proyecto de ley del Gobierno, pero incidía en la oportunidad de que los padres fueran informados de que sus hijas menores de edad van a abortar.
Sobre la decisión de abortar, planteaba que cualquier mujer puede acordarlo por sí misma en el caso de que "tenga la suficiente capacidad intelectual y emocional para comprender el alcance de la intervención y las consecuencias que se derivan de la misma, con independencia de que sea mayor o menor de 16 años".
Pese a que aconsejaba informar a los padres, también reconocía que pueden darse "circunstancias excepcionales" que fundamenten la "no información en beneficio de la menor".
El vocal de CiU ha justificado su abstención a este informe porque aunque estaba de acuerdo "con la viabilidad constitucional de la introducción de un sistema de plazos para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo", considera que "no se ajusta a la Constitución, principalmente en relación al sistema de garantías".
El otro texto del vocal conservador estimaba inconstitucional algunos aspectos de la reforma del Gobierno, en referencia al establecimiento de un modelo de plazos, que permite a la mujer interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la decimocuarta semana de gestación.
Además, el texto mostraba su oposición a que los padres de la menor embarazada no deban ser informados previamente. Madrid, 23 jul (EFE).- La secretaria de Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, ha mostrado su "respeto" por la decisión del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no ha aprobado el informe favorable a la reforma de la ley del aborto, elaborado por su Comisión de Estudios, al haber habido un empate en la votación.
Cabezón, a través de un comunicado, ha manifestado hoy su confianza en que el Anteproyecto de ley sexual y reproductiva y de interrupción del Embarazo, saldrá adelante, "en los términos en los que figura en el anteproyecto del Ley elaborado por el Gobierno".
Para la diputada socialista, esta ley es la que "se adecúa a la realidad del siglo XXI" y así "lo ratificará el Parlamento".
Soledad Cabezón ha recordado que el informe sobre el anteproyecto del sector conservador, que defendía la inconstitucionalidad de la reforma, no recibió el visto bueno de este órgano judicial.
Pero ha señalado que se trata de informes "preceptivos pero no vinculantes" y que la obligación del Gobierno es "legislar en función de sus compromisos con los ciudadanos y en función de sus convicciones".
La dirigente socialista ha añadido que la mayoría progresista del Congreso apoyará el anteproyecto del Gobierno porque es "una ley que ofrece seguridad jurídica a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, a los profesionales que las atienden, y supera la actual desigualdad territorial garantizando los mismos derechos para todas las mujeres". Madrid, 23 jul (EFE).- El PP ha pedido hoy que el Gobierno retire el anteproyecto de ley de reforma de la ley del aborto ante la "falta de apoyo" de los organismos judiciales y la división de opiniones en el Parlamento al mismo.
En declaraciones a EFE, la secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, se ha referido así al hecho de que durante la reunión del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) este organismo ha votado el informe remitido por la Comisión de Estudios relativo a la reforma.
En la votación se ha registrado un empate diez y sólo una abstención, la del vocal Ramón Camp, propuesto por CiU.
Tampoco ha recibido el respaldo suficiente otro texto (contrario al texto del Ejecutivo), propuesto por el vocal conservador Claro José Fernández, ya que ha recibido diez apoyos y once votos en contra, según ha explicado la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo.
Moneo ha señalado que la decisión del CGPJ supone que "no avala la ley del Gobierno y respalda lo que dice el PP: que vulnera principios fundamentales recogidos en la Constitución, que genera una fractura social, parlamentaria y en organismos judiciales y que es radical".
"El Gobierno tiene la responsabilidad, tras la falta de apoyo de organismos tan importantes como los judiciales, de retirar la ley", ha subrayado Moneo.