Las tareas de demolición de las viviendas de A Guarda sobre las que existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula las licencias de construcción por estar construidas en suelo protegido se inició esta mañana con presencia policial.
Según informó el portavoz de los afectados, Elías Rebollar, la tarea de demolición de las tres primeras casas -sobre las únicas que existe ya la orden de derribo- comenzó sobre las nueve de esta mañana, con presencia de efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Local, cuyos agentes "estaban tan o más afectados que nosotros".
Rebollar exigió a la Xunta de Galicia "que actúe de forma inmediata contra los responsables que concedieron las licencias", denunciando su actuación, y aseguró que los afectados "no nos vamos a quedar de brazos cruzados para reclamar nuestros derechos".
Las viviendas, un total de 21, se encuentran en las parroquias de Louzenzas y Catangade. Cuatro de ellas ya están ocupadas, cinco en proyecto y el resto en construcción poseen licencia municipal, por lo que los vecinos demandan del Concello que asuma su responsabilidad, ya que se consideran engañados.
El portavoz de los vecinos señaló que detrás de lo ocurrido hay verdaderos dramas humanos, como el de una familia de trabajadores de la mar "que han tenido que recurrir a sus familias para encontrar un lugar donde vivir" y el de la mayor parte de los propietarios de las casas, "que nos hemos quedado sin vivienda pero tenemos que seguir asumiendo las hipotecas".
En sus declaraciones a Efe, Elías Rebollar señaló que, en una entrevista mantenida ayer con el conselleiro de Medio Ambiente y la directora general de Infraestructuras, ésta les había asegurado que la sentencia sobre estas viviendas de A Guarda abre un precedente y que, por lo tanto, obligará a cumplir otras decisiones judiciales similares como las de derrumbe de obras ilegales realizadas en el municipio de Vigo. "Queremos que se cumpla la ley, y que pase lo mismo con obras como las del "Piricoto" o las Torres de García Barbón", en el municipio de Vigo, indicó.
La sentencia del Alto Tribunal gallego declara "nulas" las licencias concedidas por el gobierno local de A Guarda para construir las 21 viviendas unifamiliares, debido a que están situadas en suelo no urbanizable de interés paisajístico. Las licencias fueron concedidas entre 1999 y 2001 por tres alcaldes diferentes, dos de ellos del PP y uno del PSOE